Por: Felipe Pesantez
En el panorama socioeconómico ecuatoriano se presenta una interrogante fundamental: ¿hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos el Estado? Las opciones son múltiples y todas urgentes: reducir los alarmantes índices de pobreza (28%) y pobreza multidimensional (40%), incrementar el empleo adecuado, disminuir el desempleo urbano, elevar el salario básico para cubrir una canasta básica de $800 USD, o perseguir el ideal de una distribución más equitativa de ingresos y riquezas.
La pobreza es intergeneracional, la movilidad social en América Latina revela un panorama desalentador. En Colombia, una familia requiere 11 generaciones para superar la línea de pobreza, en Brasil 9, mientras que en Chile y Argentina —considerados más progresistas en términos socioeconómicos— se necesitan 6 generaciones. Esta estadística desmantela el mito meritocrático y evidencia las barreras estructurales que enfrentan millones de latinoamericanos. La concentración de riqueza mediante la herencia constituye otro factor determinante en la región. La desigualdad se manifiesta a través de múltiples dimensiones: raza, etnicidad, edad, género y ubicación geográfica. En Ecuador, pertenecer a poblaciones indígenas, montubias o afrodescendientes, vivir en zonas rurales o ser menor de edad aumenta significativamente la probabilidad de sufrir discriminación sistemática y exclusión económica.
El legado colonial español permanece como una sombra sobre las estructuras socioeconómicas actuales. Las jerarquías sociales establecidas durante siglos de colonización continúan reproduciéndose en formas modernas de exclusión y privilegio. Este contexto histórico no puede ignorarse al analizar las causas profundas de la desigualdad ecuatoriana. Frente a esta realidad, algunos sectores defienden la desigualdad como un fenómeno natural e incluso deseable en una economía de mercado. Desde esta perspectiva, la disparidad económica reflejaría simplemente diferencias en las decisiones individuales y capacidades, donde el mercado —no el Estado— debería ser el único mecanismo de asignación de recursos. Esta narrativa culmina en la popularizada pero simplista afirmación de que «uno es pobre porque quiere».
¿Realmente 3 de cada 10 ecuatorianos eligen subsistir con apenas $91.43 USD mensuales? ¿El 10% más vulnerable de la población decide voluntariamente vivir con $51.43 USD al mes? ¿Es posible sostener que 4 de cada 10 ciudadanos prefieren carecer de seguridad social, acceso a salud, agua potable y un ambiente digno?
América Latina ostenta el dudoso honor de ser la región más desigual del planeta, superando a África y Asia. El contraste es abrumador: el 50% más pobre apenas posee el 1% de la riqueza regional, mientras el 10% más privilegiado controla el 77%. Ecuador presenta una evolución particular en su coeficiente de Gini —medida que oscila entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad absoluta). Desde 2011 (0.47) hasta 2024 (0.46), la desigualdad ha fluctuado, con picos durante la pandemia (0.49 en 2020-2021). Las zonas rurales continúan siendo los espacios donde la distribución de ingresos muestra mayores disparidades.
Si bien existen diferencias naturales entre individuos, la desigualdad socioeconómica es fundamentalmente una construcción social, perpetuada por sistemas educativos segmentados (fiscales vs. privados), entornos de desarrollo heterogéneos y políticas públicas que no priorizan la redistribución. La evidencia internacional sugiere que las democracias con coeficientes de Gini más cercanos a la igualdad perfecta tienden a demostrar mayor estabilidad social y política. Por el contrario, los estados con pronunciada desigualdad enfrentan desincentivos a la inversión y conducen a endeudamientos excesivos entre los hogares más vulnerables, perpetuando ciclos de pobreza.
El dilema central persiste: ¿debe el gobierno ecuatoriano implementar políticas públicas orientadas a elevar salarios para reducir la desigualdad de ingresos? Y de ser así, ¿cuenta la economía ecuatoriana con la capacidad estructural para sostener incrementos salariales alineados con el costo real de la canasta básica?
La desigualdad extrema puede comprometer la viabilidad económica y la estabilidad política del país. Un Ecuador más equitativo requiere políticas redistributivas desafiantes, inversión social estratégica y un compromiso ambicioso con la justicia económica.
La opinión de Felipe Pesántez
Post relacionados
