La Fiscalía General del Estado solicitó el archivo de la investigación por presunto peculado que involucra al expresidente Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque y a otros funcionarios, en el marco del caso vinculado a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
La petición fue conocida el 21 de abril por la jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
La jueza Camacho otorgó un plazo de tres días para que las partes involucradas presenten sus pronunciamientos sobre la solicitud de la fiscal general Diana Salazar.
La exasambleísta Mireya Pazmiño, fue la denunciante del caso en su calidad de legisladora en funciones.
El abogado de Pazmiño, Washington Andrade, calificó la investigación previa como “larga y lenta” y expresó su sorpresa por la celeridad con la que la jueza tramitó la petición fiscal.
La investigación por presunto peculado se remonta al proceso de juicio político que enfrentó Lasso en 2023.
La única acusación admitida por la Corte Constitucional fue la de peculado, vinculada a contratos de transporte petrolero entre Flopec y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool.
El informe de la Contraloría General del Estado, emitido en noviembre de 2021, advirtió que estos contratos generaron perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, por al menos 6,1 millones de dólares, debido al arrendamiento de buques a costos superiores a los ingresos obtenidos.
La empresa Amazonas Tanker, registrada en las Islas Marshall (considerado paraíso fiscal) fue incluida en el contrato a través de un adendo firmado en 2020, antes del inicio del mandato de Lasso en mayo de 2021.
Los asambleístas de ese entonces argumentaron que el presidente tuvo conocimiento de las irregularidades y no actuó para detenerlas.
Según la acusación, el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, intentó terminar el contrato, pero fue removido de su cargo y reemplazado por personas supuestamente cercanas a Hernán Luque, entonces presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), designado por Lasso.
El 16 de mayo de 2023, Lasso compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para defenderse en el marco del juicio político.
Luego, invocó el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, mediante el Decreto Ejecutivo No. 741, disolviendo la Asamblea y convocando a elecciones anticipadas.
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