La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó este lunes, 16 de junio, que el suministro de energía eléctrica «está garantizado en el país».
Jaramillo informó que este año se incorporan en total 979.5 megavatios de energía firme al sistema (energía que no depende del clima).
Precisó que, asegurada la energía a corto plazo, el Gobierno trabaja para garantizar y mejorar la calidad del sistema nacional de transmisión. Así como en la diversificación de la generación eléctrica del país.
De ese total, 260 megavatios provendrán de un proceso de alquiler de energía térmica, contratado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), con el fin de cubrir la demanda nacional de forma inmediata.
Además, se proyecta que en 2026 se sumen 403 megavatios adicionales, y en 2027, otros 600 megavatios, lo que completaría un total de 1.982,5 megavatios incorporados en tres años.
Jaramillo también informó sobre las acciones que el Gobierno está ejecutando para modernizar el Sistema Nacional de Transmisión, con tres objetivos principales: alcanzar la soberanía energética, mejorar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer la interconexión con Perú.
“La Presidencia de la República quiere comunicar que está garantía tiene que ver con dos asuntos”, afirmó.
El primero, el plan que han desarrollado para enfrentar el estiaje, mientras el segundo con acciones estratégicas que han tomado para modernizar el sistema nacional de transmisión.
La vocera de Carondelet detalló que el Gobierno tiene 67 proyectos de inversión privada que suman 1.400 MW en energía renovable, que se suman al sistema nacional. Jaramillo explicó que 31 de ellos ya tienen certificado de calificación y 36 están en trámite.
Al respecto, informó que el proyecto hidroeléctrico Cardenillo es una prioridad y se realizará con inversión privada.
Contratos de Progen y Austral
La portavoz resaltó que Ecuador no depende del contrato con la empresa norteamericana Progen, parala instalación de generadores de electricidad en Quevedo y Salitral, que fue terminado de manera unilateral por el Gobierno.
Los proyectos, cuya inversión superaba los USD 100 millones, fueron adjudicados en agosto de 2024 y debían ser finalizados para noviembre del mismo año, es decir, en un plazo aproximado de cuatro meses. No obstante, ambos enfrentaron demoras y trabas en su ejecución.
Sin embargo, según Jaramillo, ese contrato apenas cubría el 3 % de la demanda nacional, por lo que su finalización no compromete el suministro eléctrico del país.
Y añadió que Celec tiene las capacidades para completar los trabajos que dejaría incompletos la empresa Progen. «Tienen un avance considerable y hoy CELEC tiene la capacidad de terminar de montar esas centrales de producción», dijo.
La empresa estadounidense Progen ganó dos contratos millonarios con el ofrecimiento de instalar en tres meses 49 motores para hacer frente a los cortes de luz en Ecuador, pero, en realidad, tardará ocho meses en ponerlos en marcha.
Controles a compra y venta de acciones
«El Gobierno ha decidido implementar, por primera vez, un control masivo a las utilidades que se generan por la compra y venta de acciones», anunció la vocera también este lunes.
Jaramillo explicó que esto se realizará a través del Servicio de Rentas Internas. Se trata de controles a contribuyentes que habrían vendido acciones por debajo de su valor real, con lo que han pagado menos Impuesto a la Renta por las utilidades de esas transacciones, explicó.
Según Jaramillo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha identificado que alrededor de 6.000 contribuyentes serán controlados. Y, con estos procesos, el Gobierno podría recaudar unos USD 50 millones.
También mencionó que encontraron un caso de una conocida empresa de telecomunicaciones, «que es muy rentable» en la que «el hijo traspasó acciones a su padre por un valor 80% menor al valor real».
La vocera argumentó que en ese traspaso «se pagaron USD 58 millones por las acciones, causando un perjuicio de USD 6,6 millones al Estado».
Figura de responsables institucionales para prevenir la corrupción
Jaramillo informó también que la Secretaría de Integridad Pública inició desde el 2 de junio con la implementación de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) en 35 entidades priorizadas del Estado ecuatoriano como parte del proceso progresivo de cumplimiento obligatorio de la política nacional de integridad pública.
La medida forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP) con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad.
“Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevenir la corrupción”, indicó. Con esta medida, se formará a una persona para detectar riesgos de corrupción en procesos administrativos, quien reportará la alerta a la Secretaría de Integridad Pública.
La diferencia medular entre esta acción y las gestiones de entidades en el pasado es precisamente el enfoque desconcentrado y de visibilidad que ofrece el tener funcionarios responsables en cada entidad.
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