El Decreto Ejecutivo Nº 20, publicado por el presidente Daniel Noboa, entra en vigencia este 4 de junio. Busca reforzar los mecanismos de control en la distribución del diésel, especialmente en el sector pesquero industrial. Según la exposición de motivos, la medida busca evitar el desvío del combustible subsidiado y garantizar su correcto uso.
El decreto, que instrumentaliza el anuncio hecho por la vocera gubernamental Carolina Jaramillo, modifica el reglamento de precios de derivados de hidrocarburos. Argumenta que se necesitan propuestas regulatorias integrales para mantener la estabilidad de precios y proteger la política económica y fiscal del país.
Una de las principales reformas establece que los precios del diésel, desde las abastecedoras a las comercializadoras, serán definidos por cada actor, sumando los impuestos y considerando la disponibilidad de producto de EP Petroecuador. Para las embarcaciones nacionales, los comercializadores decidirán libremente el precio.
El precio en terminales de almacenamiento quedó fijado en USD 1,57 por galón, sin IVA, según el numeral 6.2 del decreto.
El documento ordena al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca enviar mensualmente a EP Petroecuador y al Ministerio de Economía y Finanzas una lista de las embarcaciones beneficiarias. Además, limita la distribución de diésel subsidiado a centros autorizados y exige el registro electrónico de cada transacción, con datos del buque, cantidad y fecha.
Para fortalecer la fiscalización, el decreto establece una coordinación entre la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la Armada y el Ministerio de Producción. También se crearán acuerdos con Perú y Colombia para compartir información y prevenir el contrabando.
Origen de la propuesta
Las reformas responden a la propuesta del Comité de Optimización Energética, creado en 2024, que busca articular la política energética en aspectos de seguridad, social y ambiental. Además, recuerda que la Constitución reserva al Estado la administración y control de recursos naturales no renovables, en línea con principios de sostenibilidad y eficiencia.
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