El Ministerio de Gobierno pidió este lunes, 9 de diciembre, a la Cancillería gestionar la cancelación del estatus de refugiado en México otorgado al exministro Walter Solís, a quien el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum le garantizó protección.
Según la cartera, el extitular de Transporte y Obras Públicas de la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017) ‘debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos’.
En un comunicado publicado en la noche de este lunes, el Ministerio de Gobierno señaló que sobre Solís pesa una orden de prisión preventiva por presunta malversación en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, para lo cual la justicia solicitó su localización y captura a la Interpol.
Asimismo, la nota apunta que el exfuncionario fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos y ocho años más por peculado en el caso conocido como Senagua.
‘Los delitos por los cuales fue condenado y ahora procesado, fueron cometidos con anterioridad a la concesión del estatus de refugiado, por tanto, según el derecho internacional, la solicitud presentada por Solis en México carece de fundamentos’, consideró el Gobierno de Daniel Noboa.
Tras el comunicado del Ministerio de Gobierno, la abogada de Solís, Sonia Vera, denunció que ese documento “no tiene un propósito jurídico, sino un objetivo mediático en un contexto de campaña electoral”, dijo.
Vera cuestionó que “estas estrategias no solo carecen de legitimidad, sino que refuerzan el abuso sistemático de las instituciones estatales como herramientas de persecución política”, insistió a través de su red social X.
“Estas afirmaciones no tienen sustento legal ni credibilidad, y exponen la desesperación de un gobierno que utiliza el derecho internacional como arma propagandística”, concluyó.
Solís, que se encuentra en suelo mexicano desde 2021, fue detenido a fines de noviembre por agentes de Interpol, porque sobre él pesa una orden de extradición emitida por la Corte Nacional de Justicia del país andino.
A propósito del hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el exministro mantiene su libertad y el estatus de refugiado, condición otorgada de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Esa normativa le da el derecho a recibir protección y a permanecer como residente en aquella nación.
La Cancillería mexicana reiteró que al extitular lo protege también el principio de la ‘no devolución’ al país de origen, establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados.
México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador en abril pasado, luego de que fuerzas policiales asaltaran su sede diplomática en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, considerado un perseguido político y a quien el país azteca le otorgó asilo.
