Para el abogado Cristopher Gallegos, el presidente Guillermo Lasso no cuenta con un equipo de asesores que conoce sobre seguridad y uso progresivo de la fuerza. Así, indicó que el proyecto de ley tiene artículos que ya constan actualmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, cuestionó que ese equipo «está vendiendo humo» en torno al trabajo frente a la crisis de seguridad.
En ello coincidió la legisladora Patricia Núñez, quien puntualizó que son ocho artículos los que se encuentran en el COIP y que, por tanto, no significan un cambio en beneficio de la seguridad.
En esa línea, resaltó que en la propuesta de ley se establece un Consejo de Política Criminal que el presidente pudo crearlo vía decreto. «La ley de Uso de la Fuerza fue elaborada al apuro, sin análisis ni discusión», cuestionó. Así mismo, dijo que en ocho meses, el país ya debería contar con una propuesta o respuesta sobre una política pública en torno a la seguridad. “No encontramos un presupuesto para seguridad ciudadana y el sistema penitenciario”, alertó.
La socióloga Samantha Gordillo resaltó que el proyecto es mucho más punitivo que el actual COIP y que no hace hincapié en las políticas sociales o en responsabilidad que tienen los GAD. Así mismo, añadió que, en términos de seguridad, debe verse más allá del control y destacó que «el gobierno está fallando. Necesitamos dejar de improvisar».
La problemática
Para Gallegos, el cambio de Comandante de la Policía Nacional es «una solución parche e improvisada». Además, ratificó que el Gobierno debería dar soluciones estructurales serias y evitar la improvisación sobre la inseguridad.
Por su parte, Núñez indicó que en el proyecto de ley no se establece la provisión de recursos para el trabajo de los miembros de la Policía. «No se han construido nuevos UPC, las cámaras de vigilancia del ECU-911 están destruidas», ejemplificó.
De su lado, Gallegos señaló que la delincuencia común está identificada. Por el contrario, es la delincuencia organizada el que agrava todo, pues son los que financian a la delincuencia común. Así, dijo que la delincuencia organizada tiene entre sus filas a funcionarios de estado, miembros de las agencias de seguridad e incluso políticos. Con ello, señaló, debe existir un proceso de autodepuración y un trabajo conjunto de la región.
