El Gobierno Nacional firmó la renovación de los contratos de concesión con las operadoras móviles privadas CONECEL (Claro) y OTECEL (Telefónica-Movistar), lo que permitirá su operación en el país hasta el año 2038.
De acuerdo con un comunicado oficial, la negociación, liderada por el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), culminó exitosamente después de más de cuatro años de conversaciones, iniciadas en agosto de 2021.
Según el Gobierno, los nuevos contratos garantizan conectividad, inversión privada y reducción de la brecha digital, en concordancia con las tendencias tecnológicas y la evolución del mercado.
“Este logro reafirma el compromiso del Gobierno del Nuevo Ecuador con el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio de calidad, permanente y moderno”, señaló el Ministerio en un comunicado.
Fideicomiso para educación y tecnología
El presidente Daniel Noboa adelantó que, como parte del acuerdo, el 1% de las ventas de las operadoras se destinará a un fideicomiso nacional para financiar proyectos de educación y tecnología.
“El 1% va a ir a un fideicomiso para educación y tecnología, para becas de jóvenes y para instalaciones en universidades y escuelas técnicas”, explicó el mandatario.
Telefónica completa su venta a Millicom
Con esta renovación, la empresa Millicom completó la adquisición de las operaciones de Telefónica en Ecuador, propietaria de las marcas Movistar y Tuenti.
La transacción, valorada en USD 380 millones, forma parte de la estrategia de la multinacional española Telefónica para optimizar su portafolio y reducir su presencia en Hispanoamérica. Millicom, con sede en Luxemburgo, es la compañía matriz de la marca Tigo, con presencia en varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Bolivia, Costa Rica y Honduras.
Participación de mercado
De acuerdo con la Arcotel, CONECEL (Claro) mantiene el 53% de participación del total de líneas activas en Ecuador, mientras que OTECEL (Telefónica) representa el 29%, a agosto de 2025.
El contrato de Claro, parte del grupo América Móvil, había vencido en agosto de 2023, mientras que el de Telefónica expiró el 30 de noviembre del mismo año. En ambos casos, la Arcotel otorgó prórrogas temporales hasta la conclusión del proceso de renegociación.
Más de cuatro años de negociaciones
El proceso de renovación de los contratos comenzó durante el Gobierno de Guillermo Lasso, aunque las reuniones efectivas arrancaron en diciembre de 2022. Las mesas de diálogo, que debían durar 120 días, se extendieron durante varios años por ajustes técnicos y económicos, hasta concretarse en 2025 bajo la administración de Noboa.
El Ejecutivo destacó que este resultado “fortalece la seguridad jurídica y promueve la inversión extranjera en el país”, al tiempo que garantiza estabilidad en los servicios de telefonía móvil y el desarrollo de infraestructura tecnológica.
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