La organización internacional Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por las nuevas leyes de seguridad e inteligencia impulsadas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, alegando que las mismas “amenazan las garantías fundamentales en Ecuador”.
“La seguridad no se construirá con una legislación apresurada, mal redactada y excesivamente amplia”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. La organización pidió revisar de inmediato las normativas aprobadas por el Parlamento.
El 7 de junio de 2025, el Legislativo tramitó con urgencia la Ley de Solidaridad Nacional. Esta norma permite al presidente declarar la existencia de un “conflicto armado interno”, con lo que se otorgan amplias facultades a las fuerzas del orden, incluyendo el uso de fuerza letal sin cumplir estándares internacionales.
Días después, el 10 de junio, se aprobó una Ley de Inteligencia que establece un sistema nacional coordinado por un órgano dependiente del Ejecutivo. La normativa obliga a entidades públicas y privadas a entregar información sin orden judicial, incluidos operadores telefónicos.
HRW alertó que estas leyes abren la puerta a violaciones graves, debilitan los controles judiciales y atentan contra la privacidad. “Estas disposiciones socavan la privacidad e interfieren con el derecho a la vida privada y la correspondencia”, dijo la organización en un informe publicado en su página web este jueves, 19 de junio.
El marco de “conflicto armado” permite, además, que los agentes investigados por presuntos delitos continúen en funciones y no puedan recibir medidas cautelares como prisión preventiva o arresto domiciliario. También faculta al presidente a indultarlos.
La Corte Constitucional ha rechazado en varias ocasiones que exista un conflicto armado interno, ya que el Gobierno no ha demostrado que se cumplan los criterios internacionales para declararlo. La nueva ley intenta sortear los límites que la Constitución impone a los estados de excepción, denunció HRW.
La organización recordó que el crimen organizado ha elevado la violencia en el país, pero insistió en que las soluciones no deben sacrificar derechos. “Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre la seguridad y los derechos humanos”, expresó Goebertus.
“El camino hacia una seguridad duradera no es entregar poder sin límites a las agencias del Estado, sino fortalecer la justicia, desmantelar las economías ilícitas y proteger el Estado de derecho”, concluyó.
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