Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por el Gobierno nacional contra organizaciones y dirigentes indígenas y ambientalistas, basado en informes secretos de inteligencia, en el marco de las movilizaciones y el paro en la provincia de Imbabura. La organización internacional difundió su pronunciamiento este martes, 9 de diciembre de 2025.
En su comunicado, HRW indicó que entrevistó a 16 personas afectadas, incluidos representantes de organizaciones, titulares de cuentas congeladas y sus abogados. Todos denunciaron que sus fondos fueron bloqueados de manera arbitraria. Entre los casos documentados se encuentran los de la Fundación Pueblo Indio, Alianza Ceibo y la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), entre otros.
La organización señaló que su equipo de investigación revisó documentación judicial correspondiente a 21 procesos que impugnaban estas medidas. Además, asistió a dos audiencias en las que jueces levantaron el bloqueo de cuentas debido a que las autoridades no presentaron pruebas que justificaran la decisión.
HRW también informó que solicitó explicaciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), responsable de emitir la orden de congelamiento, sin obtener respuesta. Recordó que las alertas públicas sobre estas acciones comenzaron el 19 de septiembre de 2025, cuando la UAFE instruyó a la entidad reguladora bancaria congelar cuentas de organizaciones indígenas y ambientalistas, así como de sus líderes y miembros.
Según HRW, las decisiones se tomaron mientras estos colectivos protestaban contra la eliminación del subsidio al diésel y la aprobación de un proyecto minero en la provincia de Azuay. La organización subrayó que los jueces revocaron al menos parte de los bloqueos después de que las autoridades no aportaran evidencias para sostener las medidas.
Uso de la Ley de Transparencia Social
El informe advierte que la UAFE aplicó para estos congelamientos una disposición introducida en la nueva Ley de Transparencia Social, aprobada por la Asamblea Nacional en agosto. La norma permite congelar cuentas sin orden judicial cuando existan “indicios objetivos, graves y verificables” de operaciones sospechosas. HRW recordó que esta ley enfrenta varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Impacto en las organizaciones
Los testimonios recopilados por HRW señalan que el congelamiento paralizó el trabajo de varias organizaciones, afectando programas educativos, de salud y de protección ambiental, además de impedir el pago de salarios y servicios básicos. Aunque algunas cuentas ya fueron descongeladas por mandato judicial, sus titulares aún enfrentan investigaciones penales por presunto “enriquecimiento privado no justificado” y “financiación del terrorismo”, abiertas en paralelo a las medidas financieras.
El llamado de HRW
La organización exhortó al Estado ecuatoriano a revisar de manera urgente las disposiciones que permiten el bloqueo de cuentas basado en informes de inteligencia, a fin de garantizar su compatibilidad con la Constitución y con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Según HRW, los hechos evidencian un riesgo significativo para la libertad de asociación, la protesta social y el trabajo de defensa ambiental e indígena en Ecuador.
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