Por: Arturo Ruiz G.
A menos de dos meses de la fecha de elecciones generales en el Ecuador, existen más interrogantes que certezas alrededor de las condiciones en las que se llevará a cabo este proceso.
Han sido meses en los que, desde la institucionalidad electoral, se han emitido decisiones, pero también retrasos y omisiones, que han generado muchas dudas e incertidumbre respecto a las próximas elecciones. Los protagonistas son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, en lugar de los candidatos y sus propuestas para salir de la crisis. Por ejemplo, a días de que empiece oficialmente la campaña, aún no contamos con la totalidad de candidaturas calificadas en firme y, lejos de encontrar una solución a este problema, se ahonda la pugna entre dichas instituciones y la incertidumbre en relación al caso de la inscripción, o no, de la candidatura de Álvaro Noboa para la Presidencia de la República, a través del movimiento Justicia Social.
Lamentablemente, el escenario a mediano y largo plazo, es nada prometedor. Reglas del juego con interpretación discrecional, indefiniciones, retardo y pugnas internas entre funcionarios electorales, que, además, son delegados de las organizaciones políticas, son parte de los ingredientes de unos comicios, cuya fase previa está plagada de observaciones y reclamos.
Por si eso no fuera poco, y entendiendo que en los próximos días deberían solucionarse los problemas de incertidumbre, es necesario anticipar lo que vendrá a continuación.
Desde el retorno a la Democracia en 1979, y hasta la elección de 2017, el promedio de participación ciudadana en las elecciones, ha sido del 76.5%, siendo la última elección presidencial la que mayor presencia de electores tuvo, con el 83%. Por el contrario, es muy probable que los comicios de 2021 sean los de más baja participación, debido a varios factores, considerando principalmente aquellos derivados del COVID, como, por ejemplo, el exceso de muertes en relación a la tasa promedio histórica. Además, se deberá considerar el ausentismo de quienes estén contagiados, en cuarentena, recuperación, o personas vulnerables y con mayor riesgo de contagio. Se debe tomar en cuenta también que, hay un segmento de voto voluntario que, frente al riesgo de un aumento de la pandemia, posterior a las fiestas de diciembre, considerarán la conveniencia de ir o no a votar. Más allá de las proyecciones electorales de las distintas encuestadoras, los estrategas y equipos de campaña, ¿estarán considerando estas variables?
Quienes estamos obligados a participar, sea votando o como miembros de las juntas receptoras del voto, no hemos recibido información de parte del Consejo Nacional Electoral con relación a los protocolos de bioseguridad que se van a adoptar. Lo que no se comunica, no existe, y los ciudadanos necesitan ser informados. ¿Cómo van a funcionar las elecciones?, ¿cómo se va a minimizar el riesgo de contagio?, ¿van a considerar la posibilidad de asignar y a ampliar horarios para el sufragio?, ¿va a haber más recintos o más mesas?, en definitiva, ¿cómo van a garantizar el derecho de participación, minimizando un incremento de la pandemia?, ¿qué sanciones y excepciones hay para quienes no asistan a votar o a conformar una mesa? Aquí cabe hacer una importante aclaración: las fechas de posesión de autoridades, constitucional, legal y moralmente, no es posible moverlas.
Finalmente, para las organizaciones políticas, y bajo el mismo contexto de pandemia, ¿qué reglas de bioseguridad se van a presentar durante los comicios?, ¿cómo van a garantizar el control electoral? ¿Cómo van a garantizar y agilizar el proceso de impugnaciones? ¿Cuándo vamos a tener resultados?, ¿quién y cómo va hacer observación electoral?, ¿debemos esperar nuevamente que Quito se paralice y sea amenazado con ser incendiado? Es necesario entender el contexto del estado de ánimo de la ciudadanía, para eso sirven las encuestas, para evitar errores, por ejemplo.
Independientemente de la bandera o tendencia política, debemos exigir a las próximas autoridades, la reconstrucción de la institucionalidad. Esto debería ser un objetivo común de toda la ciudadanía, organismos internacionales, ONGs, prensa, y en general, de todos los actores de gobernanza. Por ejemplo, evitar que quienes tengan intereses sobre una función o institución, estén a cargo de la misma. Es necesario evitar los conflictos de intereses, como popularmente se diría, “dejar de encargar el Banco de Sangre, a Drácula”. Muchas preguntas, pocas respuestas, demasiada incertidumbre para una democracia tan afectada.
