Solo el 32 % de los ecuatorianos mayores de 18 años tiene acceso a créditos pese a que el 83 % de la población consume productos financieros, según reveló este miércoles un informe de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). De acuerdo al texto “La Inclusión Financiera en Ecuador: avances 2024”, esta diferencia refleja que “el verdadero desafío ya no es el acceso, sino la inclusión financiera plena y sostenible”.
El análisis, que evalúa siete dimensiones de la inclusión financiera, señala que el país ha logrado una cobertura alta en acceso a productos como cuentas de ahorro, pero persiste una brecha importante en el uso efectivo, especialmente en el crédito.
La investigación también alerta sobre un fenómeno de ‘re-exclusión financiera’ que afecta más de un millón de personas por el que, habiendo tenido acceso al sistema, quedaron fuera por deterioro de su situación crediticia.
Según el estudio, el índice real de inclusión financiera cae del 73 % al 63 % si se considera a quienes no acceden, no usan o han sido expulsados del sistema. En total, el 37 % de la población adulta (unas 4.700.000 personas) está fuera del sistema por alguna de estas tres razones.
En cuanto a la digitalización, aunque el efectivo continúa siendo el medio de pago más utilizado, el uso de medios electrónicos para pagos y transferencias aumentó ligeramente entre 2023 y 2024 del 34 % al 37 % y del 36 % al 42 %, respectivamente.
En esta misma línea, a pesar de que el 60 % de los ecuatorianos tiene una tarjeta de débito, solo el 32 % la utiliza, un comportamiento que se repite con las tarjetas de crédito, que tienen el 31 %, pero apenas el 15% las usa para realizar pagos.
“La inclusión financiera sostenible debe cubrir todos los rincones geográficos, estar dirigida tanto a quienes ya están dentro como a quienes aún están fuera del sistema, y permitir que cada persona tome decisiones informadas sobre su relación con el sistema financiero ecuatoriano”, concluyó Valeria Llerena, directora ejecutiva de la red de instituciones financieras.
Asimismo, el informe destaca avances en confianza, accesibilidad y educación financiera, pero señala desafíos en costos, seguridad y cobertura a grupos vulnerables.
También alerta sobre la falta de una normativa específica de protección al usuario y la necesidad de fortalecer el marco de regulación para lograr una inclusión financiera plena.
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