La diligencia se convocó este 7 de marzo en el Complejo Judicial Norte de Quito. El Ministerio Público solicita prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil.
La audiencia de juicio contra el alcalde Aquiles Alvarez inició este sábado 7 de marzo en el Complejo Judicial Norte de Quito. El proceso involucra a 15 personas naturales adicionales y seis empresas dentro del denominado caso Triple A. Esta instalación ocurre tras dos suspensiones previas registradas entre finales de 2025 e inicios de 2026.
Investigaciones por comercio ilegal de combustible
La Fiscalía General del Estado investiga a los procesados por la presunta comercialización ilícita de derivados de hidrocarburos. La tesis fiscal apunta a irregularidades en gasolineras vinculadas al entorno familiar del burgomaestre guayaquileño. Antes del juicio, el Tribunal debe resolver varios pedidos de revisión de medidas cautelares.
Fiscalía solicita prisión preventiva para el Alcalde
El Ministerio Público pidió el cambio de medidas para Alvarez por un supuesto mal uso del grillete electrónico. Debido a este presunto incumplimiento, la entidad solicitó formalmente la orden de prisión preventiva. Actualmente, el funcionario ya permanece recluido en el centro penitenciario de Cotopaxi por otro proceso judicial.
El pasado 11 de febrero, las autoridades detuvieron al Alcalde por el caso Goleada. Dicha causa investiga delitos de lavado de activos y defraudación tributaria, independientes del caso Triple A. Ahora, la justicia debe determinar si suma una nueva orden de detención en este segundo expediente.
Argumentos de la defensa técnica
Ramiro García, abogado del funcionario, rechazó las acusaciones de la Fiscalía sobre el dispositivo de rastreo. El defensor aseguró que Alvarez cumplió con la prohibición de salida del país y sus presentaciones periódicas. Además, sostuvo que informes del SNAI confirman que el dispositivo no fue manipulado ni retirado.
El Tribunal anunciará su decisión sobre el pedido de prisión preventiva tras escuchar las réplicas de ambas partes. La resolución de este incidente procesal determinará el ritmo de la etapa de juicio que enfrenta la autoridad municipal.
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