Los Ministerio de Defensa y del Interior resaltaron este domingo los objetivos de la “Ley de Solidaridad Nacional”, propuesta por el Ejecutivo con carácter urgente para desarticular las estructuras económicas del crimen organizado, y aprobada por la Asamblea Nacional la noche de este sábado, 7 de junio.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta ley fortalece el trabajo de las fuerzas del orden y se convierte en una herramienta de esperanza para todos los ecuatorianos. “Por fin se legisla a favor del país”, destacó la cartera de Estado en su cuenta en X.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, agregó que la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada anoche por la Asamblea “es la muestra fehaciente” del compromiso que el Gobierno del presidente Daniel Noboa tiene con Ecuador por la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Reimberg insistió en que las economías criminales mantienen a flote la delincuencia y sus estructuras. Con eso sustentan sus actividades y los delitos que devienen de ellas. “Nada ni nadie nos detiene”, enfatizó.
La iniciativa, denominada inicialmente proyecto de “Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” y posteriormente renombrada “Ley Orgánica de Solidaridad Nacional”, recibió este sábado el respaldo de 84 legisladores, en tanto 46 se manifestaron en contra, 1 votó en blanco y 10 se abstuvieron.
El texto aprobado también tipifica el delito en caso de un implicado en un rol de dirección o de financiamiento de estructuras criminales, lo cual se propone sancionar hasta con 30 años de prisión.
El documento incluye un capítulo sobre las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en las zonas afectadas por el crimen organizado, a la vez que dispone a varios ministerios desarrollar programas preferenciales para estas personas, con apoyo igualmente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Además, establece que, “bajo el conflicto armado no internacional las fuerzas del orden pueden actuar y aplicar el uso de la fuerza directa y legítimamente contra todo aquel que pretenda vulnerar la seguridad del Estado, de la población y de los bienes civiles”, según la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, encargada de tramitar la normativa.
También se disponen garantías a los uniformados implicados en un proceso judicial por hechos ocurridos durante el cumplimiento de su misión, quienes estarán exentos de ir a prisión preventiva, y, por el contrario, podrán continuar su trabajo mientras son investigados.
El texto tipifica los delitos conexos relacionados con el crimen organizado como la trata de personas, el reclutamiento de niñas niños o adolescentes; tráfico de armas, tenencia y porte no autorizado, así como los delitos hidrocarburíferos, definidos como todo acto ilícito que implique la producción en la comercialización de hidrocarburos y de sus derivados.
La propuesta también contempla incentivos para quienes entreguen donaciones a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado hasta con un 30 por ciento de su respectivo Impuesto a la Renta.
De igual manera, plantea la creación y formación de jueces especializados en conflicto armado interno, a cargo del Consejo de la Judicatura, que tendrá 90 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado deberá proceder en similares términos para la creación y formación de jueces especializados en esta área.
Esta es la primera ley con carácter urgente en materia económica debatida y aprobada en la actual Legislatura que inició funciones el pasado 14 de mayo, tras las elecciones generales celebradas este año.
La Asamblea remitirá al Ejecutivo la legislación para que haga las observaciones del caso o envíe al Registro Oficial para su publicación e inmediata aplicación en todo el territorio nacional.
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