Una investigación conjunta de Tierra de Nadie y la Plataforma Periodística para Las Américas (CONNECTAS) revela que la “guerra interna” declarada por el presidente Daniel Noboa el 8 de enero de 2024 no solo ha golpeado a las bandas criminales.
El texto “Operación sin rumbo: una guerra improvisada hunde a Ecuador en abusos militares”, alerta que la “guerra interna” también ha arrastrado a soldados y ciudadanos a una espiral de abusos, torturas y desapariciones forzadas “que muestran un país militarizado sin estrategia clara”.
Soldados bajo presión
Ocho testimonios de militares en servicio activo y pasivo, recogidos para ese trabajo periodístico muestran el rostro más duro del conflicto. Los soldados admiten haber sido enviados a patrullar calles y cárceles sin la preparación ni la inteligencia operativa necesarias.
“Nos exigen resultados. Se busca que el personal militar encuentre drogas, armas, que capture a criminales. El problema es que nosotros no tenemos inteligencia, ni información”, confesó un uniformado entrevistado.
Según la investigación, la presión por cumplir metas desembocó en la aplicación de métodos prohibidos. Los soldados describieron cómo recurren al llamado “submarino” —cubrir la cabeza con una funda y verter agua hasta provocar asfixia— para arrancar información a los detenidos. “Eso no se debe hacer. Está prohibido para todos. Pero hay compañeros que se dejan llevar”, reconoció uno de ellos.
La decisión presidencial de declarar la guerra interna cambió por completo las funciones de las Fuerzas Armadas: dejaron de custodiar fronteras y de resguardar soberanía externa para asumir misiones policiales.
Se hicieron cargo de cárceles, patrullajes urbanos y enfrentamientos con la delincuencia organizada. En la práctica, los protocolos que limitan el uso de la fuerza quedaron archivados.
Cifras en rojo: torturas y ejecuciones al alza
Los hallazgos de la investigación, respaldados en datos de la Fiscalía, muestran un incremento alarmante de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías tras la declaratoria de guerra.
En 2024, los casos de tortura se cuadruplicaron: de 52 a 195. Las ejecuciones extrajudiciales pasaron de 6 a 19 y las extralimitaciones de servicio se duplicaron, de 118 a 272.
Las desapariciones forzadas también aumentaron. Mientras la Fiscalía registró 12 en 2023, en 2024 fueron 26. Sin embargo, el cruce de testimonios y registros de organizaciones de derechos humanos permitió documentar 43 casos adicionales de personas que desaparecieron tras operativos militares en provincias como Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Ocho de ellas fueron halladas muertas, entre ellas los “niños de Las Malvinas”.
De las prisiones a las calles
De acuerdo con el texto investigativo, los abusos no se limitan a los patrullajes urbanos. En las cárceles, donde los militares llevan más de un año y medio al mando, el control ha degenerado en corrupción y violencia. Militares han sido procesados por introducir celulares y drogas en las prisiones más seguras del país. Exreclusos y familiares denuncian golpizas, torturas con descargas eléctricas y muertes bajo custodia.
La investigación muestra varios casos como el ocurrido en Ventanas, provincia de Los Ríos, cuando dos jóvenes fueron subidos a una camioneta militar en agosto de 2024. Nunca regresaron.
También se muestra otro hecho ocurrido en Milagro, cuando cuatro muchachos desaparecieron tras un allanamiento irregular. Por otro lado, en Esmeraldas, un video muestra a soldados disparando contra dos jóvenes antes de que se perdiera su rastro.
El caso más doloroso, según el texto, ocurrió en Sucumbíos, cuando militares dispararon por la espalda a tres adolescentes que volvían del carnaval en Puerto El Carmen. Uno murió y otro quedó con secuelas permanentes. Ninguno tenía vínculos con el crimen organizado. El ataque violó todas las normas de actuación militar vigentes.
Expertos: “Ecuador no tiene política criminal”
La investigación cita a varios expertos como Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto, quien advirtió que ni las Fuerzas Armadas ni la Policía están preparadas para una guerra urbana.
“La última guerra de Ecuador fue contra Perú hace 30 años. El problema es de inteligencia, de penetración criminal y de coordinación. Sin política criminal, entregar a los militares esta tarea solo garantiza más abusos”, dijo.
El investigador alertó que la presión política por mostrar resultados puede reproducir escenarios como los “falsos positivos” de Colombia, cuando campesinos inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros para inflar estadísticas.
La guerra sin rumbo
El Observatorio de Crimen Organizado reporta que en el primer semestre de 2025 los homicidios crecieron un 47 % en comparación con 2024. Mientras tanto, las denuncias de desapariciones, torturas y ejecuciones suman un nuevo capítulo a la crisis de derechos humanos.
El Gobierno, consultado por los investigadores, no respondió. Las Fuerzas Armadas tampoco ofrecieron datos sobre procesos disciplinarios. El silencio oficial contrasta con el dolor de decenas de familias que siguen buscando a sus hijos en morgues, cárceles y cementerios.
“En Ecuador, la guerra interna está desapareciendo a sus propios hijos”, resume uno de los investigadores.
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