Las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) volvieron a poner en el centro del debate los procesos de selección, control y depuración de servidores públicos. Al respecto, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, mencionó que las designaciones se realizan con base en las hojas de vida y los antecedentes disponibles al momento de la contratación.
Luque sostuvo que, cuando un funcionario incurre en irregularidades o traiciona el mandato de servicio público, debe ser separado del cargo e investigado. “Si un funcionario falla, tiene que salir. Eso aplica en tránsito y en cualquier otra institución”, enfatizó.
El ministro alertó que uno de los riesgos más graves es que los servicios públicos terminen siendo funcionales al crimen organizado. Mencionó que, históricamente, en áreas como el tránsito se han denunciado esquemas para la obtención irregular de licencias o matrículas mediante pagos ilegales, prácticas que —según dijo— no pueden seguir tolerándose.
“Los servicios ciudadanos no pueden convertirse en mecanismos para financiar estructuras criminales”, afirmó, justificando la depuración iniciada en la ANT como una medida necesaria y urgente.
Luque insistió en que esta limpieza institucional no debe entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una política integral de control que se aplicará en todos los niveles del Gobierno Nacional.
Estas declaraciones se producen tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía en las provincias de Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco de una investigación por una presunta red de delincuencia organizada. La operación derivó en la detención del director de la entidad, Pedro Abril, y de otras nueve personas. Abril se desempeñaba como director ejecutivo de la institución desde julio de 2025.
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