El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, en entrevista para el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, aseguró que no está de acuerdo con la posibilidad de que se aplacen las elecciones del domingo 7 de febrero de 2021. Sin embargo, reconoció que existe un riesgo.
“Hasta el momento no se ha topado ese tema dentro del CNE. Continúan los procesos de acuerdo al calendario establecido. Sin embargo, tenemos que esperar la respuesta de la Corte Constitucional sobre la demanda de conflicto de competencias que estamos planteando, y allí veremos si es necesaria alguna modificación. No estoy de acuerdo en que se postergue la fecha de las elecciones”, reiteró.
Cabrera insistió que la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor del movimiento Justicia Social, es inejecutable. Explicó que el CNE, tras la resolución de la Contraloría General del Estado (CGE), eliminó del registro electoral a los movimientos Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social, Podemos y Justicia Social, de los cuales el TCE, tras el trámite de las apelaciones correspondientes, dispuso la restitución de la vida jurídica de estos tres últimos. Pero que, extrañamente, solo añadió medidas de reparación a favor de Justicia Social, no así para las demás organizaciones políticas.
Sobre la posible eliminación
Enfatizó que, incluso pese a su eliminación, Justicia Social sí tuvo la oportunidad de desarrollar sus procesos de democracia interna para nominar candidatos, pues la apelación ante el TCE suspendió los efectos de la supresión del movimiento. “Justicia Social sí tuvo democracia interna en 15 provincias, y también para dignidades nacionales. En ningún momento el CNE les negó ese derecho. Hoy, en seis u ocho provincias tienen calificadas en firme sus listas de asambleístas”, informó. Y aseguró que antes de las 18:00 del 7 de octubre, cuando se cerró el plazo de inscripción de candidaturas, Justicia Social registró el nombre de su precandidato presidencial (Álvaro Noboa) pero jamás completó la documentación.
Frente a este panorama tan complejo, Cabrera reconoció que, mientras no se emita una decisión de la Corte Constitucional, no se puede enviar la información al Instituto Geográfico Militar (IGM) para la impresión de papeletas.
