Cinco funcionarios judiciales de Manabí fueron suspendidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, tras ser señalados en el caso Narcotentáculos, que investiga una presunta red de delincuencia organizada que operaba desde el sistema judicial.
Las sanciones se emitieron dos días después de que la Fiscalía y la Policía Nacional realizaran allanamientos en inmuebles y oficinas en Chone, Manta, Portoviejo y Montecristi. Durante los operativos se incautaron documentos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
Los cinco sancionados son dos jueces, una presidenta de Corte Provincial, un secretario y un ayudante judicial. La medida disciplinaria impuesta es de tres meses de suspensión sin sueldo, luego de que fueran vinculados en testimonios anticipados por exjueces sentenciados en el caso Plaga.
Entre ellos, se encuentra Mayra Roxana Bravo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quien habría ofrecido ayuda para anular un proceso disciplinario a cambio de $1.500. Vicente Fernando Pico, juez en Montecristi, fue señalado por participar en reuniones para liberar detenidos mediante medidas cautelares. Hermes Zambrano, juez temporal en Portoviejo, habría gestionado favores en procesos judiciales.
También fueron sancionados Antonio Cedeño, secretario en Chone, quien presuntamente cobraba $1.000 por cada medida cautelar ingresada, y Luis Figueroa, ayudante judicial, acusado de participar en reuniones para favorecer la libertad de detenidos.
Todos los implicados habrían incurrido en una infracción gravísima: solicitar o recibir dinero, favores o servicios que comprometen la imparcialidad del servidor judicial, según el Código Orgánico de la Función Judicial.
El Consejo de la Judicatura reiteró que estas sanciones forman parte de su compromiso por combatir la corrupción y depurar el sistema judicial.
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