La institución busca transparentar procesos administrativos, financieros y de contratación ejecutados en los últimos seis años. La solicitud incluye una verificación técnica a las obras en el Complejo Judicial Florida Norte.
El Consejo de la Judicatura, liderado por su presidenta, la Dra. Mercedes Caicedo Aldaz, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales y verificaciones técnicas. La medida abarca diversos procesos ejecutados por la institución desde el año 2020 hasta abril de 2026.
La solicitud, canalizada a través de la Dirección General de la Judicatura, responde a un compromiso de transparencia y fortalecimiento institucional. El organismo busca que se auditen de manera independiente las operaciones financieras y administrativas de administraciones pasadas y actuales.
Alcance de las auditorías requeridas
Entre las acciones específicas solicitadas al Contralor General del Estado destacan tres ejes fundamentales:
- Contratación de personal: Exámenes especiales a todos los procesos de ingreso de funcionarios realizados entre enero de 2020 y abril de 2026.
- Operaciones financieras: Auditorías a los servicios, consultorías y operaciones administrativas ejecutadas en el mismo periodo.
- Infraestructura en Guayas: Verificaciones preliminares a los procesos de obra y repotenciación del Complejo Judicial Florida Norte, en la provincia del Guayas.
La actual administración subrayó que el fortalecimiento de la Función Judicial no se construye “ocultando información, sino promoviendo mecanismos de control independientes”. Según el comunicado, estas acciones permitirán aclarar inquietudes y consolidar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Compromiso con la transparencia
La Dra. Mercedes Caicedo Aldaz reafirmó el compromiso del Consejo con una gestión responsable y orientada al uso correcto de los recursos públicos. Por ello, se ha invocado la intervención de la Contraloría como el organismo competente según la Constitución y la ley.
Con esta decisión, el Consejo de la Judicatura pretende establecer un precedente de rendición de cuentas, permitiendo que un ente externo evalúe la legalidad de los contratos y servicios adquiridos durante los últimos seis años.
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