En entrevista en el programa «Zoom Al Día» de Primera Plana, Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, explicó que las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen la implementación de un nuevo modelo de gestión denominado “Parlamento abierto”.
Este modelo establece la implementación de un nuevo sitio web que transparente: las actas de constatación de cuórum, las observaciones a los proyectos de Ley, así como también las declaraciones patrimoniales, de intereses, agendas de reuniones, y trayectoria de los asambleístas y su equipo de trabajo.
«Tampoco vemos intención por parte de los legisladores de implementar este sistema para recuperar la confianza de la ciudadanía en la asamblea Nacional», señala Espinel.
El analista explica que el Art. 157 de la reformada Ley Orgánica de la Función Legislativa «establecía la obligación de transparentar la información. A partir de aquello, se desarrolló un reglamento de ‘Parlamento abierto’, que fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) anterior».
Presuntos actos de corrupción
Los legisladores que en lugar de asumir estas denuncias con transparencia y que únicamente tratan de desviar la atención lo que hacen es afectar la imagen de la Asamblea Nacional (AN). Por lo tanto, causa que los ecuatorianos sigamos desconfiando de la institución.
Son las filtraciones de mensajes las que han permitido evidenciar grandes casos de corrupción. Caso contrario lo que vamos a tener es más impunidad en el país. Ver que un asambleísta, que es una persona responsable de desarrollar las nuevas normas que regularán el comportamiento de la sociedad, esté en contra de la libertad de expresión, el acceso a la información y el periodismo de investigación, dice mucho del tipo de representación que tendrá de los ecuatorianos durante los próximos cuatro años de gestión.
¿Un caso afecta a toda la Asamblea?
A la Asamblea Nacional le quedan 1.350 días de gestión, culminará el periodo el 14 de mayo del 2025. Tienen toda la oportunidad de hacer bien las cosas.
La pregunta es ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos? Si es que en estos tres meses de gestión, desde la Presidencia de la AN no han sido capaces de cumplir con su propia Ley Orgánica.
Escenario a futuro
En el caso de la asambleísta Rosa Cerda hay que considerar que no estamos frente al posible cometimiento de un delito, como sí es el caso de la legisladora Bella Jiménez.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, cuando las actuaciones de un legislador lesionen la imagen del Parlamento, se puede dar una sanción de hasta ocho días de suspensión del cargo sin derecho a remuneración.
En el caso de la asambleísta Bella Jiménez, estamos hablando sobre una posible causal de destitución. Tanto la Ley de la Función Legislativa como la Constitución determinan que los legisladores tienen prohibida la gestión de cargos públicos.
El Comité de Ética deberá sugerir o no la destitución, el Pleno de la Asamblea deberá tomar una decisión. Lo mismo podría suceder con los asambleístas Elías Jachero y Darwin Pereira, en caso de que se llegue a comprobar la gestión de cargos públicos.
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