Por Esteban Ron
Los procesos de transición entre gobiernos han cobrado mucho simbolismo en los últimos años y no creo que esto devenga del caso ecuatoriano, como lo estamos teniendo al momento, sino de un fenómeno que tuvo mucha exposición en Estado Unidos en la entrada y salida del expresidente Donald Trump.
En el caso de Trump, por las diversas alegaciones de fraude, una invasión al Capitolio y la no aceptación de los resultados electorales por el candidato-presidente, el proceso parecía que no podría ejecutarse a pesar de contar con una ley específica que regula este proceso y la existencia de un organismo que se encarga del mismo, todo como parte de la estabilidad gubernamental que es reconocida en los países anglosajones donde el principio e continuidad de la administración pública es fundamental.
Casi tres semanas después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el proceso de transición de poder entre, el entonces gobierno saliente, de Donald Trump y el ahora presidente Joe Biden pudo iniciarse a través del banderazo inicial que la ex responsable de la Administración de Servicios Generales del Gobierno Federal dio a su propia administración poniendo a disposición los recursos necesarios para dicho proceso.
El proceso en un inicio fue duramente criticado por haberse obstaculizado el acceso de miembros del equipo de Biden a fondos e instalaciones federales, algo que muchos analistas lo vieron como un intento de retrasar la transición. Recordemos que en Estados Unidos el proceso de transición inicia cuando existe un visible ganador, de hecho para el caso del cambio Obama-Trump este inició al siguiente día de la elección.
Por lo visto en el Ecuador nos adelantamos por primera vez a dichos acontecimientos y sin importar ganadores de la elección, el presidente Moreno, emitió un decreto presidencial (N.- 1241) el 05 de febrero de 2021, inclusive antes de la primera vuelta electoral a través del cual se ha conformado un Comité de Transición que deberá entregar la información integral y oportuna para conocer el estado de la administración pública durante el actual periodo de gestión presidencial (2017-2021).
Este comité está conformado por: el ministro del Trabajo, Andrés Isch, el secretario General de la Presidencia, Nicolás Issa, y la secretaria Técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotty, o sus delegados. Adicionalmente se ha dispuesto que toda la administración pública deberá información a este comité para que sea organizada y trasladada.
A esto se sumó la implementación de una metodología y asistencia técnica por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.
Este pasado, 19 de abril en la primera reunión formal, porque habrá que reconocer el trabajo previo de los servidores públicos, solo se pudo ver a uno de los encargados oficialmente de la transición.
Por el lado del presidente electo, Guillermo Lasso, se ha depositado la confianza en el excandidato a Alcalde la ciudad de Quito, Juan Carlos Holguín quien ha tenido más participación que el propio comité gubernamental.
Los representantes de este último han presentado varias cifras en números crudos de iniciativas y proyectos pero de contenidos poco se conoce.
En este punto de la historia del país, la información es trascendental, la transparencia algo inconcluso, la continuidad de los servicios públicos un imperativo. Recordemos que la priorización de la agenda se maneja ahora de manera distinta, la pandemia cambió el paradigma tradicional de las políticas públicas.
Lo sensato son agendas inmediatas y otras programáticas, las primeras de atención prioritaria y las segundas para ejecutar el plan de gobierno; en el medio la estricta responsabilidad de los 3 encargados para que no nos perdamos en el camino. Arduo trabajo que esperemos se cumpla por la noción civil del bienestar de país, además de obviamente una delegación expresa y no por el cálculo político y visibilización con el gobierno entrante.
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