Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), indicó que por más que pretendan instalar una política de la especulación no la van a conseguir. “Nuestras posturas han sido públicas, no acordadas”, dijo. Así, criticó que en la Ley de Inversiones se pretende delegar todos los sectores estratégicos públicos al sector privado por treinta o cuarenta años. “En esta nueva ley de aguas que estamos construyendo hemos dicho que no vamos a retroceder en lo que ha avanzado”, enfatizó.
Así, comentó que invitó a realizar una marcha para entregar a la Asamblea Nacional los principios y mandatos sobre los cuales se está construyendo la ley de aguas. “No puede haber privatizaciones y se debe volver a discutir el tema del Consejo Plurinacional del Agua como ente único regulador del agua”, dijo.
Ley de Atracción de Inversiones
Iza señaló que existen tres posibilidades en cuanto a la Ley de Inversiones. Así, comentó que la comisión podría presentar el informe del segundo debate en donde la presidenta de la Asamblea pueda o no convocar al pleno, por lo que la Ley entraría por medio del Ministerio de la Ley. Además, mencionó que la siguiente posibilidad es que la Asamblea modifique parcialmente la ley presentada, pero necesitaría 92 votos. Además, enfatizó en la última posibilidad de que la Ley de Inversiones se archive.
“Para reformular la ley de inversiones se necesita tiempo y eso es lo que no tenemos, por esto lo mejor es que exista un archivo de la ley”, enfatizó. También, puntualizó que hay sectores sociales que tampoco están de acuerdo con la privatización de los sectores estratégicos.
Amnistías
Las amnistías no se deben reducir únicamente al levantamiento de octubre de 2019, resaltó Iza. “Existe un porcentaje menor de 60 personas acusadas por el levantamiento, 153 personas por defender los territorios de empresas extractivas, 12 personas por justicia indígena y 43 personas por defender el agua y naturaleza”, indicó. Así, puntualizó que no debería existir derecho de denigración y racismo cuando en dos años y medio no se ha comprobado las acusaciones realizadas.