Cinco agentes y un exuniformado salieron de prisión tras reducir sus condenas mediante confesión y cooperación eficaz.

Cinco policías activos y un exagente recuperaron su libertad el 3 de julio de 2026 tras cumplir condenas de 11 y 12 meses de cárcel.

Los uniformados desviaron pistolas y municiones de la Policía Nacional para venderlas a grupos criminales en Ecuador mediante redes sociales.

El caso, denominado Depuración Azul, inició con operativos en julio de 2025 y terminó con el juzgamiento de la red en la provincia de Pichincha.

Cambio de delito y beneficios judiciales

La Fiscalía acusó inicialmente a siete personas por delincuencia organizada, pero sobreseyó a dos sospechosos y reformuló cargos contra los demás implicados.

El Ministerio Público cambió la figura penal a comercialización ilícita de armas, argumentando que no logró estructurar la figura de delincuencia organizada.

Los procesados aceptaron su culpabilidad en un procedimiento abreviado y entregaron datos estratégicos mediante el recurso de cooperación eficaz.

Estas herramientas legales redujeron drásticamente la pena original de siete años a menos de un año de internamiento en la Cárcel 2 de Quito.

Logística digital y venta a bandas

La red operó desde inicios de 2024 utilizando chats de WhatsApp y Telegram para ofertar los pertrechos sustraídos de los rastrillos policiales.

Los custodios vendían cajas de balas con sobreprecio y coordinaban envíos interprovinciales por encomienda terrestre hacia Guayas y Cotopaxi.

En las llamadas interceptadas, los sospechosos utilizaban palabras clave como “caramelos” o “dulces” para referirse a las municiones traficadas.

Entre los compradores constaban miembros de bandas criminales como Mafia 18, Freddy Kruger y Los Tiguerones, además de reciclando privado de casquillos.

Parte del material desviado provino de lotes donados por la Embajada de Estados Unidos para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

Cuentas millonarias sin justificar

La Unidad de Análisis Financiero detectó transferencias irregulares y depósitos sin sustento en las cuentas bancarias de todos los involucrados.

Uno de los policías registró USD 299.544 en sus cuentas, de los cuales USD 163.676 no tenían ninguna justificación comercial o salarial.

Los demás procesados acumulaban montos no justificados que variaban entre USD 27.000 y USD 53.000, producto de las transacciones ilegales entre miembros.

A pesar de los montos detectados, la justicia solo autorizó la incautación de los teléfonos celulares utilizados durante las operaciones ilícitas.

Fallas de control y reparación

Auditorías oficiales revelaron que el sistema de inventario policial carecía de trazabilidad por lotes y registraba transacciones con valores en cero.

Los encargados registraban las salidas de balas para prácticas de tiro pero omitían reingresar los sobrantes, apropiándose del material bélico sobrante.

El fallo judicial impuso a los liberados una multa de USD 1.928 y la obligación de ofrecer disculpas públicas en Radio Vigía.

Además, la sentencia prohíbe permanentemente que los sancionados vuelvan a acercarse a cualquier rastrillo o bodega de armamento estatal.