Hay momentos en los que la realidad supera a cualquier ficción distópica. Uno de ellos ocurre cuando un Estado decide arrestar a un niño de cinco años.
El 20 de enero de 2026, en un suburbio de Mineápolis, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Liam, un niño ecuatoriano de cinco años, cuando regresaba de la escuela. Minutos antes, su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, había sido arrestado también en este mismo contexto. Hoy, padre e hijo permanecen recluidos en el South Texas Family Residential Center, en Dilley, al sur de Texas.
La versión oficial sostuvo que el niño había sido “abandonado”. Sin embargo, esta narrativa se desmorona frente a los hechos: un adulto que vivía en la casa solicitó a los agentes de ICE hacerse cargo del niño. La petición fue negada y Liam fue trasladado por la fuerza, en una decisión que vulnera de manera flagrante los derechos de la niñez.
Cabe mencionar que Liam y su padre ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One, aun así, fueron tratados como si carecieran de todo derecho. Este 27 de enero de 2026, un juez federal bloqueó la deportación inmediata de Liam y de su padre, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de forma automática.
Las consecuencias de esta detención ya son visibles. Medios de comunicación han alertado sobre el deterioro del estado de salud emocional del niño. Un congresista que visitó el centro de detención relató que Liam duerme en exceso y casi no come desde su traslado, síntomas claros de angustia, miedo y trauma. Nos encontramos frente a una descarnada violencia institucional ejercida contra un niño.
También está el caso de Chloe, una niña ecuatoriana que fue detenida junto a su padre Elvis Joel Tipán también en Mineápolis, actualmente se conoce que ella se encuentra con su madre, mientras que el padre continúa bajo custodia. Se estima que alrededor de 32 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad ecuatoriana se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses.
Frente a este escenario, resulta preocupante la posición del Estado ecuatoriano. La canciller Gabriela Sommerfeld ha señalado que la defensa legal de Adrián Conejo y de su hijo solicitó que Ecuador no intervenga en el proceso. Sin embargo, el caso de Liam no es un hecho aislado. La pregunta es inevitable y urgente: ¿qué ocurre con otros migrantes ecuatorianos que hoy permanecen en centros de detención o son deportados sin que se evalúe su estatus migratorio ni se garanticen sus derechos fundamentales? ¿Qué pasa con los procesos de reunificación familiar?
A esto se suma que los argumentos utilizados para justificar estas detenciones se construyen sobre la narrativa de que se trata de personas “peligrosas” o una amenaza para la comunidad, un discurso que estigmatiza, deshumaniza y legitima la privación de libertad sin atender a los hechos ni a las garantías básicas del debido proceso.
La actuación de ICE no puede analizarse de forma aislada. La brutalidad de sus operativos, sumada a hechos graves como los asesinatos de Rene Good y Alex Preti, a quienes Trump y Miller (asesor de la Casa Blanca) llamaron “izquierdista trastornada” y “aspirante a terrorista”, respectivamente, ha generado procesos de resistencia social en Mineápolis y en otros estados, donde miles de personas han salido a las calles para rechazar la violencia institucional.
Este clima de tensión se produce en un contexto político marcado por el descrédito. Donald Trump atraviesa el momento de menor popularidad que haya registrado un presidente estadounidense en la historia reciente, mientras las políticas migratorias continúan profundizando la división social y el sufrimiento humano como resultado de la vulneración sistemática de derechos humanos por parte de ICE, no solo contra migrantes, sino también contra pueblos nativos americanos y ciudadanos estadounidenses.
La voz de los ecuatorianos y ecuatorianas debe hacerse escuchar. Liam debe ser liberado.
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