Con 8 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes, 27 de mayo, el informe para el primer debate del Proyecto de Ley que busca combatir a las economías criminales, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno (ADN), destacó las principales modificaciones introducidas al proyecto original, las cuales se articulan en torno a dos enfoques fundamentales, el tributario y el penal.
En el ámbito tributario, se mantiene la posibilidad de que empresas privadas donen hasta el 30 % del impuesto a la renta en bienes a favor de las fuerzas del orden, bajo supervisión del SRI, medida respaldada por gremios empresariales.
También se conservan incentivos económicos discrecionales para apoyar a sectores vulnerables y reactivar la economía en zonas afectadas por la inseguridad.
En el componente penal, se tipifica el delito de pertenencia a un grupo armado organizado, con penas de 22 a 26 años y hasta 30 años en casos de liderazgo o financiamiento.
Además, se establece un procedimiento penal especial para delitos vinculados al conflicto armado interno, ampliando el plazo de juzgamiento a 90 días y asignando la causa a jueces especializados.
Así mismo, se establece que la prisión preventiva será una medida excepcional, reemplazada por la figura de aprehensión de hasta 48 horas.
Por otro lado, se excluyen medidas cautelares como prisión preventiva o uso de grilletes para policías y militares que actúen dentro del conflicto, bajo control judicial posterior.
El informe contempla, además, la posibilidad de indultos anticipados para miembros de las fuerzas del orden.
El proyecto introduce regulaciones sobre allanamientos sin orden judicial, mantiene las competencias de la UAFE, incorpora definiciones como “grupo armado organizado” y “economías criminales”, y reforma el Código Orgánico de la Función Judicial para fortalecer las atribuciones de jueces especializados.
Finalmente, elimina el artículo sobre “zonas de seguridad”, dejando esta competencia a las fuerzas del orden.
El informe aprobado recoge insumos de sectores sociales, gremiales, expertos y legisladores de diversas bancadas, consolidándose como una propuesta integral frente a la crisis de seguridad y los desafíos económicos del país.
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