Como un acto irresponsable, inconstitucional, demagógico y contrario a las necesidades de desarrollo del Ecuador, catalogó el expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), Guillaume Long, al intento de asambleístas de reabrir las universidades cerradas por falta de calidad académica.
En 2009, el país inició los procesos para dar cumplimiento al mandato 14 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008. Este consistía en realizar una evaluación de desempeño institucional de todas las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador.
Según Long, los 6 miembros del Ceaaces no respondían a la línea política del gobierno de entonces. Sin embargo, el voto para el cierre de las llamadas «universidades de garaje» fue unánime. «Entendíamos que no eran universidades. Nos motivó el mejorar la educación superior», recalcó el expresidente del Ceaaces. Incluso, recordó que para entonces existió el escándalo de la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador que se encargaba de vender títulos a sus alumnos sin que ellos cursen ningún semestre de estudio.
«El cierre de las universidades le hizo bien al Ecuador. Mandamos un mensaje que la educación superior debe tomarse en serio. Que no puede ser cualquier cuchitril sin mallas académicas y vendiendo títulos», aclaró Long.
Indicadores de calidad
Ante esa situación, el Ceaaces incorporó 47 indicadores de calidad con fórmulas matemáticas. Además, contaron con un acompañamiento de entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Así, la misión consistía en realizar un proceso técnico para que no exista ningún problema jurídico.
De acuerdo a la postura de Long, las 14 universidades cerradas en 2012 y que ahora se pretenden reabrir, no cumplían con los estándares mínimos de calidad académica.
Entre los indicadores, Long detalló que existió la aplicación de un examen para los estudiantes de últimos semestres de todas las universidades del país. Sin embargo, mientras el 60% de estudiantes de universidades categoría A superaban la prueba, en el caso de aquellos en universidades de categoría E solo llegaban al 14%. «Todos los indicadores demostraban un grave problema», dijo Long.
Vulneración de derechos
Incluso Long alertó que muchas de esas universidades no contaban con una infraestructura académica. Por ejemplo, no contaban con bibliotecas y, algunas, se ubicaban en casas y no en claustros de estudio.
Los profesores, por su parte, no contaban con estabilidad laboral, el 0% de ellos estaba a tiempo completo y no existía un escalafón.
