La asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, en entrevista con el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, criticó duramente al Ministro de Trabajo, Andrés Isch. La Legisladora presentó un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional en contra del titular de la cartera de Trabajo. A él, lo acusa de interpretar las normas incorporadas en la Ley de Apoyo Humanitario, sin tener competencia constitucional para ello, provocando que cientos de trabajadores pierdan su empleo.
Holguín explicó que, en la Ley de Apoyo Humanitario, el pleno de la Asamblea Nacional incorporó una interpretación del artículo 169, numeral 6, del Código de Trabajo. Este se refiere a la aplicación del caso fortuito por fuerza mayor, utilizado por varias empresas para despedir trabajadores durante la emergencia provocada por el Covid-19.
Según la asambleísta, el Parlamento aclaró que dicha causal solo podrá ser aplicada en caso de cierre definitivo de una empresa. Así, advirtió que esa disposición no se cumplió. Así, dijo que el ministerio expidió un acuerdo mediante el cual interpretó la norma legal, y abrió la puerta para que continúen las desvinculaciones. “El ministro, haciendo caso omiso de la disposición de la Asamblea, interpretó la ley, sin tener atribución y dispuso mediante acuerdo que el caso fortuito sea todo aquel hecho imprevisto imposible de prever y que impida desempeñar normalmente el trabajo. Esta mala interpretación generó más despidos. El ministro no se puso del lado de los trabajadores”, criticó.
Las empresas aprovecharon de la interpretación
Denunció que, aprovechando esta distorsión, hubo empresas que continuaron con los despidos e irrespetaron los derechos de los trabajadores. “El caso de Confiteca, por ejemplo, que, amparándose en el artículo 169 del Código de Trabajo, despidió a cientos de personas. Hubo el caso de un trabajador al que la faltaban apenas tres meses para jubilarse, con lo que le hubiese correspondido recibir USD 17.000, pero al despedirlo, le pagaron apenas USD 1.200 y una caja de chocolates”, denunció.
También citó el caso de Cristian Almeida, que tiene 85 % de discapacidad. Tras dos años de trabajo, recibió una liquidación de cinco dólares, cuando en realidad debía recibir al menos USD 1.200. “Y la respuesta del Ministerio es que debe presentar el caso por la vía judicial”, alertó.
Marcela Holguín explicó que el trámite ya se encuentra en la mesa del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debe calificarlo. Cuenta con 36 firmas de respaldo.
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