Por: Dra. Elisa Morán, estudio jurídico Puente & Asociados
El sector minero a Diciembre 2022, concluye el año enfrentado a tres escenarios en constante crecimiento desde el 2018: el incremento sostenido de la producción y exportaciones mineras ubicándolo en el tercer puesto de exportaciones del sector no petrolero, con dos proyectos mineros Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro) y la confirmación de resultados exploratorios para el inicio de construcción y producción de al menos 4 proyectos mineros Cascabel, Curipamba, La Plata y Cangrejos; segundo la oposición minera que a través de acciones constitucionales como acciones de protección y consultas populares ha logrado detener a proyectos mineros como Loma Larga a través de mensajes distorsionados a la población y desinformación a jueces constitucionales; y tercero el incremento constante de la minería ilegal a nivel nacional, donde las acciones del Estado son insuficientes y evidencia una débil estructura estatal.
Desde que la Gran Minería se volvió visible en Ecuador se ha tornado cuesta arriba la aceptación de estas actividades, pero lo cierto es que Ecuador ante un mundo globalizado ha asumido compromisos internacionales ante el cambio climático y cuidado del ambiente (COPs 21 26 27), sin embargo es evidente que no se ha concientizado desde el Estado la necesidad de una articulación eficiente para llevar adelante inversiones mineras que justamente son las que permitirán brindar al mundo minerales para la tan mencionada Transición Energética. Al parecer no están entendiendo que Ecuador al igual que América Latina constituiremos la región que permita alcanzar los objetivos 2030 y 2050.
Los efectos del levantamiento indígena, la firma del acta de paz y los acuerdos de la mesa de diálogo No. 5, es lo que ha marcado al sector minero en el 2022 donde la descoordinación y contradicción es evidente entre lo importante para un desarrollo económico y lo político. El desarrollo de oportunidades para nuestro país radica justamente en estos compromisos internacionales para el cambio climático, donde el sector minero puede convertirse en generador de empleo, talento humano, beneficios económicos, desarrollo de zonas de influencia así como de sus comunidades, lo que llamamos desarrollo sostenible y que ya lo estamos viendo a penas con dos proyectos.
Así es, no basta una foto para la historia, son las acciones a largo plazo las que harán trascender a los gobiernos de turno, por ello los desafíos para el 2023 son importantísimos ya que pueden marcar el destino de nuestro país a futuro y lo que se puede hacer está en manos del Estado, quien además debe recordar que cuenta con el apoyo de empresas y actores del sector minero.
¿Qué debe hacer el Estado? Es la gran pregunta, pues yo lo pondría fácil a penas con dos prioridades, una la creación de un Ministerio de Minería, urge la necesidad de tener un ente especializado en minería (no en petróleo pues no es lo mismo) que permita ir consolidando las inversiones, la seguridad jurídica y la toma de decisiones acertadas e informadas; y, dos priorizar las inversiones mineras en exploración y explotación como fuente de desarrollo económico para el 2023 lo que implica a su vez dos líneas de acción: alinear al Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica para que cumpla con sus atribuciones de otorgar licencias ambientales y autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua a través de la implementación de un proceso ágil y eficiente y dos liderar un proceso transparente para consolidar la norma para la consulta previa libre e informada. Podría seguir enumerando otras acciones necesarias, pero al menos empezar por las descritas que constituirían un gran alivio e impulso para el sector.
Esperemos entonces la llegada del 2023 con esperanza.
Opinión, en Primera Plana.
