El Ministerio de Gobierno rechazó la noche de este miércoles, 22 de enero, la decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de ratificar la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos por el periodo de cinco años desde su posesión, efectuada el 11 agosto de 2022.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la cartera de Estado denunció que “el Viejo Ecuador intenta golpear la institucionalidad del país”.
“La llamada Liga Azul, que ahora tiene mayoría en el CPCCS gracias a las componendas de la vieja política en la Asamblea Nacional, busca apoderarse del control del sistema financiero”, sentenció el documento.
Asimismo, el Ministerio de Gobierno especificó que para tomar esa decisión, el CPCCS “abusó de una sentencia de la Corte Constitucional que todavía no está en firme, pues sigue pendiente la resolución de un recurso judicial solicitado por la parte que buscan favorecer”, especificó el texto.
“Advertimos a la ciudadanía: este deliberado intento por tomarse el órgano de control del sistema financiero supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento”, reiteró el comunicado.
La tarde de este miércoles, la nueva mayoría del CPCCS también ratificó la validez de la designación de Roberto Romero pero a partir del 11 agosto de 2027, una vez que termine el periodo de González.
Los votos a favor fueron de los consejeros Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco; mientras que el presidente Andrés Fantoni y las consejeras Johanna Vedezoto y Jazmín Enríquez, votaron en contra.
El Pleno usó como argumento la sentencia de la Corte Constitucional de diciembre pasado, que dejó sin efecto la acción de protección que impidió a González asumir el cargo.
Dicho dictamen determinó que los jueces que concedieron la acción de protección que evitó el nombramiento de González “trasgredieron la seguridad jurídica y desnaturalizaron la acción de protección al hacer una declaración de vulneración de derechos de manera abstracta e indeterminada.”
No obstante, la misma sentencia aclara que “no implica la afectación a ninguna situación o proceso que se haya consolidado respecto de la elección de la autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
