En una entrevista exclusiva con Radio DiBlu de Guayaquil, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, explicó en detalle el contenido y las motivaciones del nuevo proyecto de ley que el gobierno ha presentado ante la Asamblea Nacional.
La iniciativa busca, según afirmó, fortalecer la capacidad del Estado para hacer frente a las organizaciones criminales, especialmente en un contexto donde la violencia y el narcotráfico han escalado significativamente en el país.
El ministro inició señalando que “esto no es otra cosa que la vía más extrema para el cambio constitucional”. Explicó que, antes de realizar modificaciones a la Constitución, el gobierno contempla realizar reformas, enmiendas y otros ajustes legales que permitan fortalecer el marco jurídico.
La ley que presentaron el sábado pasado apunta a establecer mecanismos claros para combatir el crimen organizado, incluyendo aspectos económicos y de seguridad, que están estrechamente vinculados.
“Es urgente tener reglas claras”, enfatizó. “Necesitamos que nuestras fuerzas armadas y la policía puedan actuar con mayor eficacia. La ley busca darles ese respaldo jurídico para que puedan luchar contra aquellos que amenazan la seguridad del país”, señaló.
En ese sentido, destacó que el proyecto contempla una serie de medidas para que las instituciones de seguridad puedan actuar sin restricciones que impidan su trabajo.
Uno de los puntos clave que resaltó fue la obligatoriedad de la prisión preventiva en ciertos casos relacionados con combatientes. “La ley establece que cuando se trata de combatientes, que el proyecto califica según el derecho internacional humanitario, la prisión preventiva será obligatoria”.
Esto, según explicó, permitirá evitar que estas personas queden en libertad rápidamente, como sucede en la actualidad en algunos casos, donde los delincuentes entran y salen de la cárcel en pocas horas.
El ministro también abordó el tema de los derechos humanos, un aspecto que suele generar debate en estos procesos. “Respetamos los derechos humanos, pero no podemos permitir que el hipergarantismo se convierta en un obstáculo para enfrentar la criminalidad”, afirmó.
“Nuestra realidad actual exige un equilibrio, donde se protejan los derechos, pero también se garantice la seguridad y la justicia”, dijo.
Respecto a la situación social, el ministro advirtió que “una sociedad que permite el ingreso de grupos narcoterroristas, que no coopera con la cooperación internacional y que no tiene un control efectivo en sus instituciones, corre el riesgo de convertirse en narcoestado”.
En su opinión, esa amenaza debe ser enfrentada con acciones firmes y decididas, y la ley que proponen busca precisamente eso.
El proyecto contempla un régimen jurídico especial para conflictos armados internos. “Cuando existe un conflicto armado interno, el Estado tiene que reconocer esa situación y actuar en consecuencia”, explicó. “No basta con que el presidente lo diga o lo califique. Hay reglas internacionales que se deben seguir, y estas reglas cambian la forma en que enfrentamos la violencia”.
El ministro aclaró que, en estos casos, las reglas de enfrentamiento, procesamiento y manejo económico cambian. “Todo el sistema se prepara jurídicamente y económicamente para luchar contra estas organizaciones. Se activan todos los mecanismos del Estado para reducir la violencia y eliminar las fuentes de financiamiento criminal”.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que, en situaciones de conflicto interno, la prisión preventiva será obligatoria y no se permitirá que los jueces dicten medidas sustitutivas.
“No se puede permitir que los criminales queden en libertad temporalmente. La prioridad es la seguridad y la protección de la población”, afirmó.
El ministro también resaltó que en estos casos, las fuerzas armadas y policiales deben sentirse seguras para cumplir su misión.
“El Estado tiene que garantizarles protección jurídica y física, para que puedan actuar sin temor a represalias o a ser vulnerados por un sistema judicial que, en algunos casos, ha fallado en el pasado”, dijo.
Sobre las cifras de violencia, el ministro mencionó que en 2022 se registraron más de 4,000 homicidios en el país, una cifra que ha ido en aumento en años anteriores. “En 2023, casi se duplicaron las cifras, pero en 2024 logramos reducir un poco esa tendencia, aunque todavía es demasiado alta”, señaló. “Eso demuestra que las condiciones sociales y jurídicas actuales favorecen la expansión de las economías criminales”.
El proyecto de ley también busca controlar el flujo económico ilícito. “No se trata de crear más tributos, sino de tener más control y regulación sobre cómo se distribuyen los recursos económicos”, explicó. Esto es fundamental en un país dolarizado, donde la economía ilegal puede infiltrarse en todos los ámbitos. El ministro afirmó que “se fortalecerá la fiscalización y el control para que las organizaciones criminales no tengan espacio para operar libremente”.
El aspecto judicial también es fundamental en el proyecto. “En estos casos, los jueces no podrán dictar medidas sustitutivas como la libertad condicional o medidas similares”, afirmó. “La prisión preventiva será la medida obligatoria en casos relacionados con organizaciones criminales y combatientes”.
Esto busca garantizar que los capturados permanezcan en prisión mientras se desarrolla su proceso judicial, evitando que puedan escapar o reincidir rápidamente.
El ministro hizo un llamado a la ciudadanía y a los legisladores para que lean el proyecto en su totalidad y comprendan su alcance. “Les pido a los ecuatorianos que revisen el documento, porque las cifras que muestran cómo ha aumentado la violencia en el país son escalofriantes”, dijo. “En 2022, más de 4,000 muertos violentos; en 2023, casi duplicaron esa cifra; y aunque en 2024 logramos una reducción, todavía es demasiado alto”.
Finalmente, el ministro aseguró que la ley busca crear un escenario en el que las economías criminales no tengan espacio para expandirse. “Estamos enfrentando una realidad que requiere medidas contundentes. La ley que presentamos es un paso importante para proteger la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos”, concluyó.
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