El ministro de Trabajo, Harold Burbano, compareció este viernes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar el procedimiento mediante el cual se levantó la prohibición de ejercer cargos públicos al radiodifusor Álvaro Rosero, quien había sido designado por el presidente Daniel Noboa como ministro de Gobierno y que finalmente declinó la propuesta.
El funcionario sostuvo que el procedimiento está completamente normado y que no existe intervención directa de autoridades o servidores en su ejecución.
Burbano explicó que el trámite se realiza conforme al Acuerdo Ministerial 067 de 2023, el cual establece que el registro de una prohibición inicia con el pedido de la institución que la emite, acompañada de los documentos correspondientes.
Para el levantamiento, el ciudadano debe presentar una solicitud a través de un formulario en línea y adjuntar certificaciones que demuestren que ya no mantiene deudas con el sector público o que superó la causa que generó la inhabilidad.
Según precisó, todo el proceso es técnico, automatizado y sin contacto directo con funcionarios, de modo que, una vez verificadas las condiciones, el sistema habilita al usuario y emite el certificado correspondiente.
Burbano también dio detalles de la desvinculación del exdirector Regional del Trabajo de Quito, Christian Marín.
Afirmó que este no fue el único funcionario desvinculado, pues junto a él se removió a otras siete personas de libre remoción que ocupaban cargos de confianza. Aseguró que Marín fue notificado con su desvinculación el 19 de noviembre a las 17h31 y que, una hora después, presentó una renuncia que ya no surtía efecto porque había dejado de ser funcionario.
El ministro agregó que, pese a ello, Marín emitió un documento vía Quipux sin estar facultado, lo que podría constituir falsedad ideológica y simulación de funciones públicas. Marín ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, alegando presiones del ministro.
Burbano también respondió sobre la acusación realizada por Marín respecto a un supuesto tráfico de influencias para favorecer a Rosero. El ministro negó cualquier presión o interferencia para levantar la prohibición que impedía al radiodifusor ocupar un cargo público y sostuvo que el exdesignado ministro realizó todos los trámites necesarios ante el IESS y otras instituciones antes de llegar al Ministerio de Trabajo, donde únicamente se registró el levantamiento en el sistema.
Además, exhibió públicamente un certificado del IESS que señala que Rosero ya no mantiene mora patronal. Señaló que desconoce si el exdesignado ministro pagó la deuda o la refinanció, debido a que ese proceso no corresponde a su cartera de Estado. Insistió en que el procedimiento fue totalmente legal y automático y que no ordenó ninguna acción irregular.
El caso ha generado un remezón político, pues Rosero renunció a la cartera de Gobierno sin haber asumido, lo que llevó al Ejecutivo a designar en su lugar a Nataly Morillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN).
Burbano calificó como “temeraria” la denuncia presentada por Marín y aseguró que está dispuesto a aclarar el tema ante las instancias que sean necesarias.
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