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Ministro Luque ratifica 30 días de suspensión de la ANT y anuncia reapertura progresiva de trámites prioritarios

Ministro Luque ratifica 30 días de suspensión de la ANT

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró este jueves que el plazo de 30 días de suspensión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es razonable para avanzar en la depuración institucional y preparar su reapertura. Señaló que, de manera paralela, se trabaja para habilitar gradualmente los trámites más urgentes con controles reforzados.

En una entrevista para Ecuavisa, Luque explicó que la crisis en la ANT es dinámica y que los hallazgos diarios obligan a priorizar servicios con mayor impacto ciudadano. Precisó que la reactivación será selectiva y bajo verificación de usuarios, con el objetivo de impedir nuevas irregularidades.

Diagnóstico inicial reveló vulnerabilidades en la base de datos

El ministro indicó que el diagnóstico inicial reveló vulnerabilidades en la base de datos, con casos de matriculaciones y transferencias registradas en gobiernos locales que no correspondían a su parque automotor real. Ante ello, subrayó la necesidad de implementar un nuevo sistema informático con monitoreo en tiempo real, alertas tempranas, inviolabilidad y sanciones al contratista en caso de incumplimientos.

Sobre la conducción de la ANT, Luque confirmó que el nuevo director ejecutivo, Luis Darío Villacrés, lidera la depuración de la base de datos y la tercerización de la placa, además de la evaluación técnica del software actual. Un equipo externo, con apoyo de Corporación Nacional de Telecomunicaciones, participa en la revisión del sistema.

Durante el período de transición, algunos trámites sin alta incidencia —como el certificado único vehicular— se mantendrán habilitados con restricciones a usuarios que presenten antecedentes de irregularidades. Luque agregó que más de 60 GAD están bajo revisión, entre ellos Guayaquil, Quito, Durán, Manta, Tosagua y Playas.

Como parte de las medidas de control, el ministro anunció que se solicitará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico revisar cuentas y patrimonios de funcionarios, y que la Contraloría General del Estado intervendrá en el proceso. “La prioridad es un sistema con controles robustos y cero vulnerabilidad; los 30 días de cierre permiten ordenar y reabrir con seguridad”, concluyó.

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