El ‘Comité de Familiares y Amigos de los Hijos del 8 de Mayo’ denunció este jueves violaciones al debido proceso en el caso de los 8 detenidos del ‘Movimiento Guevarista Tierra y Libertad’, a quienes se los investiga por el presunto delito de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares.
Patricio Almeida, uno de los abogados del caso, detalló en una rueda de prensa que el fiscal Wilson Toainga Toainga declaró la reserva de la investigación contra los procesados, a pesar de que los jueces de la Unidad de Garantías Penales de Quitumbe negaron la petición en al menos tres ocasiones previo a la detención.
El abogado también cuestionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) programa las diligencias a la misma hora, en ciudades distintas.
“Fiscalía está actuando como Tribunal de Excepción, está violando la ley y está fabricando pruebas… Esto es una persecución contra el Movimiento Guevarista, en donde se le involucra a Ernesto Flores Sierra por ser el vocero oficial del movimiento”, dijo Almeida
Hábeas corpus
El abogado Aquiles Hervas explicó que al momento seis miembros del grupo están en la cárcel y 10 están en un procesamiento penal investigativo “injusto”.
El equipo de defensa del caso ha interpuesto habeas corpus en los dos territorios donde están los privados de la libertad:
Latacunga:
- Gabriela Gallardo: cumple con arresto domiciliario. Su habeas corpus fue aceptado en carácter correctivo.
- Nelly Yacelga: está apelando el fallo porque le fue negado el recurso legal. Continúa en la cárcel de Latacunga
Quito
- Alexis Moscoso: su habeas corpus fue aceptado. Cumple con presentaciones periódicas ante la justicia.
- A los cinco restantes se les negó el recurso. Continúan recluidos en la cárcel 4 de Quito. Son: Ernesto Flores, Omar Campoverde, Juan Carlos Bustamante, Carlos Carguachi y Silverio Cocha.
El director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis Ángel Saavedra, insistió en que las autoridades deben respetar el debido proceso y buscar la debida justicia.
A juicio de Saavedra, este es un “caso político, no judicial, en donde se están estructurando pruebas a fin de legitimar el discurso oficial. Intentan poner la imagen de grupos terroristas a movimientos sociales y así legitimar la represión”.
