Hasta las oficinas del Tribunal Contencioso Electoral llegó una denuncia contra cuatro de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). El documento lleva la firma de Jimmi Salazar Sánchez, director Ejecutivo del movimiento Justicia Social. Así, solicita al máximo órgano electoral que destituya, multe y ordene la pérdida de los derechos políticos de Diana Atamaint, José Cabrera, Luis Verdesoto y Enrique Pita.
Según explica la misiva, los cuatro consejeros no cumplieron con la sentencia del 8 de diciembre del TCE. En ella, el organismo ordenó que el CNE habilite los plazos para que la tienda política realice sus procesos de democracia interna. De esa manera, Justicia Social podía elegir a sus candidatos para todas las dignidades.
De acuerdo a Salazar, los funcionarios del CNE incurrieron en una infracción grave. La misma está estipulada en el numeral 2, artículo 279 del Código de la Democracia relacionado con incumplir las sentencias del TCE. Las sanciones que solicitó imponen una multa de 70 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de los derechos políticos por cuatro años.
Las causas
La denuncia llegó después que el pasado 14 de diciembre, el pleno del CNE, con cuatro votos a favor y una abstención, informe que las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal no «pueden vulnerar el principio de preclusión, con base en los plazos y términos consagrados en la Constitución», relacionado con la democracia interna, aceptación de candidaturas e inscripción de candidatos.
En la resolución, el pleno también solicitó al TCE revocar el auto del 8 de diciembre, porque constituye en una «intromisión en las competencias exclusivas» del CNE y que se abstenga de realizar actos que interfieran en sus competencias.
De su lado, la Corte Constitucional emitió un comunicado este 16 de diciembre, en el que señala que hasta el momento, no ingresó una demanda de conflicto de competencias. Pero que de ingresar, la resolverán con «independencia, imparcialidad, y en estricto apego a la Constitución».