El Ministerio de Salud Pública tramita bajo régimen especial una plataforma tecnológica por USD 240,2 millones para integrar la gestión clínica del país.

Tras semanas de presión política y social, la cartera de Estado transparentó en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) el expediente para implementar la red digital de salud. El procedimiento oficial arrancó el 31 de agosto de 2026 y prevé adjudicarse el próximo 9 de septiembre a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por un monto total de USD 240,26 millones.

La negociación se desarrolla bajo la figura de Régimen Especial entre empresas públicas. Sin embargo, la estatal no cuenta con la infraestructura ni el software propio para ejecutar el proyecto, por lo que subcontratará la solución a la firma italiana Dedalus, cuyos ejecutivos mantuvieron contactos con la vicepresidenta María José Pinto desde abril pasado.

Un proceso de fin de semana y bajo celeridad

Documentos del expediente confirman que el Ministerio de Salud Pública (MSP) estructuró y aprobó la arquitectura legal, técnica y financiera del contrato en apenas 72 horas, durante el último fin de semana de agosto. El viernes 28 de agosto, CNT presentó su oferta técnico-comercial de 89 páginas. Ese mismo día, doce directores nacionales validaron el informe de necesidad basándose únicamente en la cotización de la empresa pública.

La secuencia continuó el sábado 29 con la emisión de una fe de erratas para corregir fechas en el estudio de mercado, seguida por la firma del ministro Juan Carlos Aveiga para autorizar la certificación POA y el aval plurianual hasta 2033. El domingo 30 por la noche se emitió la certificación PAC a las 21:31 y tres minutos después se dio el aval del gasto, permitiendo que el lunes 31 a primera hora se publicara la Resolución 0012-R que abrió la convocatoria.

Del fallido caso Healthbird a la intermediación de CNT

La urgencia por unificar los datos clínicos surge tras el fracaso del proyecto con la firma estadounidense Healthbird. En dicho contrato, adjudicado por USD 24,5 millones a una empresa con solo 11 meses de constitución y cero empleados registrados, el Estado desembolsó anticipos antes de dar por terminado el compromiso unilateralmente por incumplimientos.

En esta nueva propuesta, la estructura de costos muestra un marcado componente de intermediación. Dedalus cobrará USD 117 millones más IVA por el licenciamiento, soporte y puesta en marcha del sistema por un periodo de siete años. A esa cifra, CNT añadirá USD 123 millones por servicios de conectividad e infraestructura, lo que representa un sobrecosto del 105% respecto a la oferta del proveedor tecnológico privado. Legislative y analistas señalan además que la estatal suele utilizar a su filial Easynet S.A. para evadir los controles habituales de compras públicas.

Advertencias de control, riesgos y vacíos de seguridad

El trámite precontractual omitió la comparación de ofertas históricas en el estudio de mercado, contraviniendo las normas de control interno de la Contraloría General del Estado (Acuerdo 004-CG-2023). Asimismo, la evaluación técnica se realizó sin auditorías independientes y dejando la validación de ciberseguridad a cargo de la propia Dirección de TIC de la entidad.

En el ámbito legal genera alerta el estado de la filial local Dedalus Global Services Ecuador S.A., constituida con un capital de USD 800 y que entró en proceso de disolución el 13 de marzo de 2026. A pesar de los señalamientos sobre los riesgos en la custodia de datos en la nube y los plazos apretados, el proceso continuó con la audiencia de aclaraciones el 1 de septiembre y el envío de la oferta económica definitiva de CNT al día siguiente.

Alcance funcional del sistema

El software contempla nueve módulos operativos diseñados para conectar el sistema sanitario nacional. Incluye la unificación de historias clínicas electrónicas, agendamiento de citas, control de inventario médico y de farmacia, gestión de camas, laboratorios, imágenes y facturación.

El MSP argumenta que la plataforma resolverá las brechas de atención en zonas rurales e indígenas y facilitará el seguimiento de enfermedades crónicas y salud mental. El cronograma prevé una implementación paulatina que arrancará en centros de salud de primer nivel hasta llegar a hospitales de especialidades, fijando el inicio de las pruebas operativas para octubre de 2026.