El presidente Daniel Noboa declaró como áreas reservadas de seguridad los perímetros que rodean a los centros de privación de libertad del país y aprobó un conjunto de regulaciones especiales que regirán en estas zonas, en el marco de la crisis de violencia que enfrenta Ecuador.
La medida consta en el Decreto Ejecutivo 269, firmado este lunes, 29 de diciembre, luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). El documento establece que estas áreas tendrán calificación de secreto y estarán bajo el control y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sin que ello implique la transferencia de la propiedad de los terrenos a la institución militar.
Medidas en los perímetros carcelarios
Entre las disposiciones se contempla el levantamiento planimétrico de los perímetros de seguridad de las cárceles, la delimitación de polígonos de seguridad según el tipo de centro penitenciario y la implementación de tecnología antidrones, que incluye la inhibición o derribo de aeronaves pilotadas a distancia.
Asimismo, el decreto ordena la inhibición de señales y el control del acceso a telecomunicaciones dentro de estas áreas, la prohibición de túneles u obras subterráneas y la restricción de edificaciones horizontales o verticales en los perímetros declarados como zonas de seguridad.
Las cárceles han sido identificadas por el Gobierno como uno de los principales focos de la violencia criminal en el país. Desde 2021, cerca de 600 personas privadas de libertad han sido asesinadas en el interior de los centros penitenciarios, en su mayoría durante enfrentamientos entre bandas rivales.
Zonas de seguridad en las fronteras
Además, el mandatario aprobó la delimitación de zonas de seguridad en las fronteras, que también quedarán bajo control militar.
Aunque los detalles específicos fueron clasificados como secretos, el decreto señala que estas zonas abarcan 40 kilómetros de espacio terrestre desde los límites fronterizos hacia el interior del país, 10 millas náuticas de espacio marítimo y el espacio aéreo correspondiente.
La declaratoria se sustenta en informes reservados remitidos al Ejecutivo y analizados por el Cosepe, que recomendó la adopción de regulaciones especiales para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y garantizar la protección de la población en zonas consideradas estratégicas.
El decreto dispone que las normas aprobadas sean difundidas a todas las instituciones públicas y privadas que operan en áreas reservadas de seguridad y en zonas de frontera.
Estas decisiones se suman a otras acciones recientes del Gobierno, como la restricción temporal de pasos fronterizos con Colombia y Perú, adoptadas —según el Ejecutivo— con base en análisis técnicos y de inteligencia para frenar economías criminales y delitos transnacionales.
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