El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 57, con el cual oficializó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Integridad Pública. El documento complementa y activa en su totalidad la normativa aprobada el 26 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional, y establece lineamientos para evaluar el desempeño del sector público, regular la contratación estatal y promover cambios estructurales en distintas áreas de la administración pública.
El reglamento regula la implementación de pruebas periódicas de desempeño y confianza a cerca de 500.000 funcionarios, en busca de mejorar la eficiencia institucional. Estas evaluaciones medirán seis criterios clave: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. Quienes obtengan menos de 51 puntos sobre 100 podrán ser separados de su cargo.
Uno de los puntos más controvertidos es la disposición que permite modificar el cálculo de las indemnizaciones por despido de empleados públicos, lo que ha provocado reacciones de gremios y sindicatos del sector.
Según el Reglamento, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) asumirá nuevas atribuciones, entre ellas la verificación del cumplimiento de principios de integridad, transparencia y eficiencia en los procesos de compra pública. Además, se creará una plataforma única digital para asegurar trazabilidad y prevenir conflictos de interés.
El texto también detalla reformas al sistema de jubilación voluntaria de funcionarios públicos menores de 70 años, reafirmando que podrán acceder al retiro si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa de seguridad social. Se aclara así un punto que generó polémica en el debate legislativo, cuando se propuso incrementar la edad mínima de jubilación.
En materia de movilidad humana, el reglamento dispone que no será necesaria la presentación de un documento de viaje para la ejecución de deportaciones en el contexto del conflicto armado interno. Esto busca agilizar ciertos procedimientos migratorios en casos excepcionales.
Otro punto destacado es la transformación progresiva del sistema financiero popular y solidario. Hasta el 20 de septiembre de 2025, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá actualizar las denominaciones de las entidades del sector, lo que implica que las cooperativas de ahorro y crédito podrán migrar hacia la figura de bancos, si así lo deciden.
El reglamento está compuesto por más de 190 páginas y contiene disposiciones generales, transitorias y derogatorias. Aunque ya está en plena vigencia, la Ley de Integridad Pública enfrenta múltiples demandas de inconstitucionalidad, especialmente por parte de organizaciones del sector financiero solidario, que cuestionan los cambios estructurales promovidos por el Ejecutivo.
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