Por: Felipe Pesantez
Ecuador se encuentra a dos semanas de una consulta popular que podría abrir las puertas a un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, los números y la experiencia regional plantean una pregunta incómoda: ¿Ecuador está en las condiciones de embarcarse en un ejercicio de refundación institucional (nuevamente), o estamos ante una estrategia electoral que podría profundizar la crisis que pretende resolver?
Un Ecuador adverso entre la polarización y la desconfianza
Los datos son contundentes. El 65% de los ecuatorianos se declara pesimista sobre el futuro del país, mientras que el 70% en Quito y el 60% en Guayaquil consideran que Ecuador está “mal o muy mal”. Más revelador aún: más de la mitad de la ciudadanía no confía en las instituciones. Este es precisamente el peor escenario para redactar una nueva Constitución.
Las grandes cartas magnas de la historia —desde Filadelfia hasta Bonn— nacieron de momentos de consenso nacional o de pactos políticos amplios que buscaban cerrar heridas y construir futuros compartidos. La Constitución colombiana de 1991, surgida tras décadas de violencia, fue posible gracias a un acuerdo multipartidario y la inclusión de diversos sectores sociales, incluyendo grupos guerrilleros desmovilizados. En Ecuador, el presidente Noboa enfrenta un 62% de desaprobación en Quito y atraviesa su momento de menor confianza gubernamental: apenas 32% en octubre.
¿Cómo se construye un proyecto de nación unificador cuando dos tercios del país desconfía de quien convoca el proceso?
La paradoja de las encuestas: apoyo individual, rechazo consolidado
Los datos de las encuestadoras revelan una paradoja inquietante. Mientras que preguntas específicas como la reducción de asambleístas (69% a favor) o la eliminación del financiamiento a partidos políticos (66% a favor) gozan de amplio respaldo ciudadano cuando se evalúan individualmente, el voto consolidado invierte dramáticamente esta tendencia: todas las preguntas caen a un 36-37% de apoyo contra un 62-64% de rechazo.
Esta brecha no es un capricho estadístico. Es una señal política clara: los ecuatorianos podrían estar a punto de usar la consulta no para evaluar propuestas específicas, sino como referéndum sobre el gobierno de Noboa. Un voto de castigo que convertiría cada papeleta en un “no” político antes que en un “sí” programático.
Las lecciones no aprendidas
El caso chileno de 2019-2022 debería servir como advertencia. Chile inició su proceso constituyente con un 78% de apoyo ciudadano y terminó rechazando el texto propuesto con un 62% de votos negativos.
¿La razón? Una Convención Constituyente que, en lugar de construir consensos, profundizó polarizaciones y produjo un texto maximalista que alejó al centro político.
Bolivia en 2006 ofrece otra lectura. Evo Morales convocó la Constituyente con un 54% de apoyo presidencial y sólida mayoría legislativa. Aun así, el proceso derivó en crisis regional, violencia en Sucre y una profunda división territorial que persiste hasta hoy. La nueva Constitución boliviana —aprobada por estrecho margen en 2009— ha sido fuente de conflictos permanentes sobre la reelección indefinida y los límites del poder.
Ecuador ya transitó este camino en 2008. La Constitución de Montecristi, impulsada por Rafael Correa en el pico de su popularidad (sobre 70% de aprobación), prometía una “revolución ciudadana”. Diecisiete años después, las principales críticas a esa Carta son precisamente las que Noboa dice querer corregir: hiperpresidencialismo, Consejo de Participación Ciudadana politizado, proliferación de derechos sin recursos para garantizarlos, y un sistema de cinco funciones del Estado que genera más burocracia que eficiencia.
El timing electoral disfrazado de urgencia nacional
El gobierno presenta la consulta como respuesta a una demanda ciudadana por “cambio real”. Sin embargo, el análisis revela que de los siete temas propuestos, solo dos — seguridad y presencia militar extranjera— conectan directamente con la principal preocupación ciudadana: la inseguridad, que domina el 58% de las respuestas sobre problemas del país.
El resto de las preguntas (reducción de asambleístas, eliminación de financiamiento, contratación por horas, reforma a la Corte Constitucional) son ajustes institucionales que podrían tramitarse por vías legislativas ordinarias.
¿Por qué entonces la urgencia de una Constituyente?
La respuesta está en el calendario político. El paro nacional de 2025 dejó a Noboa en una posición vulnerable: 43% lo considera debilitado tras el conflicto, y su área más débil es precisamente el “diálogo con otros sectores” (41.93% de aprobación). Una Constituyente le permitiría mantener la dinámica de “campaña permanente”, desplazar temas incómodos como las denuncias de corrupción o el manejo económico, y capitalizar electoralmente la narrativa de “orden y seguridad” que construyó post-paro.
Los riesgos reales de un proceso constituyente hoy
Si Ecuador avanza hacia una Asamblea Constituyente en las actuales condiciones, enfrenta tres riesgos mayores, Primero, la captura correísta como el “escenario más grave”, es decir, que la Constituyente sea dominada por el correísmo. Con RC manteniendo estructura territorial y Noboa sin mayoría absoluta consolidada, una Asamblea Constituyente podría convertirse en el vehículo de retorno político de Rafael Correa, generando una “incertidumbre gravísima”. Segundo, la profundización de la polarización. Chile nos enseñó que una Constituyente en contexto polarizado no genera consensos, sino trincheras más profundas. Con 52% de ciudadanos expresando sentimientos negativos (preocupación, angustia, enfado) y la brecha Quito-Guayaquil ampliándose, el debate constitucional podría fracturar aún más el tejido social. Tercero, la distracción de lo urgente. Mientras el 64% percibe que la inseguridad ha aumentado y el 53% considera que los problemas económicos se han agravado, el país podría gastar dos años en debates constitucionales sin atender las emergencias inmediatas.
Las constituciones no reducen homicidios ni generan empleos en el corto plazo.
Una propuesta alternativa: reformas quirúrgicas
Ecuador no necesita una nueva Constitución; necesita un Estado que funcione. Las modificaciones urgentes —fortalecimiento del sistema de justicia, clarificación de competencias entre funciones, reforma al CPCCS— pueden lograrse mediante referéndum específico o reformas legislativas bien diseñadas. La experiencia comparada muestra que las grandes constituciones no nacen de momentos de debilidad política o contextos polarizados. Nacen de pactos amplios, liderazgos con legitimidad sólida y sociedades dispuestas a ceder para construir acuerdos.
Ecuador hoy carece de estos tres elementos.
La opinión de Felipe Pesántez
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