Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
El asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial de la Alianza “Gente Buena” liderada por el movimiento Construye de la ex ministra del Interior de Lenin Moreno, María Paula Romo, conmovió a la nación entera constituyéndose -luego de lo sucedido con el equipo periodístico de diario El Comercio en 2018- en el segundo evento de estas terribles características de mayor impacto sobre el sistema político en su conjunto.
Más que por la contradictoria, inoportuna y escaza respuesta institucional que ambos casos tuvieron, la influencia sobre la población civil es devastadora, toda vez que la expone a una realidad donde está sometida a la crueldad, la violencia y el poder descomunal del crimen organizado.
La diferencia entre ambos eventos, sin embargo, radica en que en 2018 estaba claro que el mentalizador del asesinato de Xavier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra ocurrido en territorio colombiano frente a la población fronteriza de Mataje en Esmeraldas, era Walter Arízala Vernaza, alias “Wacho”, líder del grupo Oliver Sinisterra, una organización disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no plegó al proceso de paz iniciado en el vecino país en esa época.
El sicariato contra Fernando Villavicencio ejecutado al salir de un mitin político realizado en el coliseo de un colegio del centro norte de Quito, en cambio, nos deja sumidos en la incertidumbre, el miedo social y la desconfianza pública, puesto que hasta el momento ningún Grupo de Delincuencia Organizada (GDO como los llaman las autoridades) se ha adjudicado la autoría de este crimen, más allá de algunos videos que circularon en redes sociales la noche del asesinato, pero que han sido desmentidos por la Policía Nacional.
Al enfrentarnos entonces a un poder sin rostro, todo líder político, autoridad pública e incluso los altos mandos policiales, militares y de la Armada nacional, tanto en servicio activo como pasivo, se convierten en potenciales sospechosos.
Nadie explica cómo se rompieron absolutamente todos los protocolos de seguridad a la salida del mitin político. ¿Por qué uno de sus coidearios actual candidato a asambleísta, ex ministro y ex comandante de la Policía salió por el parqueadero minutos después del atentado? ¿Por qué no trasladaron a una casa de salud a uno de los sicarios heridos implicado directamente en el crimen, sino que lo llevaron a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, donde falleció?
Esas preguntas quedan en el aire, y levantan más de una suspicacia en la población y en la opinión pública ecuatoriana, que -al igual que en 2018- está conociendo detalles de la investigación por los medios de comunicación de Colombia.
Pero estas dos coyunturas revelan que estos crímenes tanto contra el equipo de El Comercio como contra Villavicencio, responden a una telaraña invisible que opera bajo una lógica mucho más siniestra, que la delincuencia común e incluso el crimen organizado.
Y esta hipótesis tiene algunos asideros en la realidad cuando, por ejemplo, luego del asesinato de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Política de Pusuquí en septiembre de 2022, la cúpula de esa institución permaneció en los cargos pese a la declaración pública del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien anunció su inmediata dimisión.
A ello se suma la denuncia realizada -en diciembre de 2021- por el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de presuntos “narcogenerales” al interior de la fuerza pública de nuestro país, que tampoco ha sido investigada hasta el momento.
Un hecho similar sucedió con Miguel Ángel Nazareno, alias “Don Naza”, un militar en servicio pasivo dueño de la empresa captadora de dinero, Big Money, quien pese a tener orden de captura fue visto al interior del Ministerio de Defensa Nacional, pocos días antes de ser asesinado en abril del año pasado. Ningún oficial de las Fuerzas Armadas ha sido sancionado o investigado por ese caso.
A eso se abona la misteriosa destrucción -el 7 de noviembre de 2021- de un radar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) instalado en Montecristi (Manabí) para el control del narcotráfico, hecho que sigue en investigación y tiene como implicados únicamente a personal de tropa de esa rama, así como la destrucción de un campamento militar en el sector de Buenos Aires, Imbabura, donde está presente la minería ilegal, hecho que pasó desapercibido por la opinión pública.
Paralelamente, el caso “León de Troya”, publicado por el portal digital La Posta, en relación a supuestos vínculos de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, tanto con los directivos de las empresas públicas como con Rubén Chérres presuntamente relacionado con la Mafia Albanesa, sirvió para el inicio de un juicio político en contra del primer mandatario, que finalmente nunca se concretó debido a la decisión del Jefe de Estado de disolver el Parlamento en aplicación del artículo 148 de la Constitución, el 17 de mayo pasado y que trajo como consecuencia las elecciones anticipadas de este domingo 20 de agosto.
Chérres también fue asesinado, sin que hasta el momento se conozca a los autores intelectuales y los móviles de ese crimen, cuyo foco de atención se desvió con la emisión del decreto ejecutivo sobre el porte de armas para civiles, que hasta el momento no logra concretarse.
Tras el crimen contra el ex sindicalista y ex legislador, su amigo personal y también periodista, Christian Zurita, lo reemplazará en la candidatura a la Presidencia, aunque el nombre y la fotografía de Villavicencio constarán en la papeleta tal como lo dispone el Código de la Democracia en estos casos.
Luego del debate presidencial del pasado 13 de agosto, Zurita denunció en redes sociales que nunca pudo acceder a las instalaciones del canal de televisión Ecuador TV donde se realizó este evento, así como una supuesta negligencia de parte de la autoridad electoral en el sentido de aplazar este tema debido a la conmoción social resultado del asesinato de su coideario.
Lo cierto es que durante sus intervenciones de campaña electoral, Villavicencio, además de recordar su investigación sobre el caso Sobornos, que terminó condenando al ex presidente Rafael Correa, ofreció combatir a tres tipos de mafias presentes en el Ecuador: la del narcopolítica, la de la minería ilegal y la de la corrupción en los organismos de seguridad del Estado y el sector petrolero.
Eso, al parecer, le costó la vida, lo mismo que al equipo de El Comercio en 2018, cuyos familiares -un lustro después- siguen esperando que se desclasifique la información sobre su trágico final.
En la década de los 70, antes de ser desaparecido, el periodista argentino, Rodolfo Walsh, denunció una “operación masacre” emprendida contra la población civil por la dictadura militar de su país, operación que al parecer -cinco décadas después- ha llegado a otras latitudes, con los mismos métodos cobijados bajo nuevos membretes.
La opinión de Wilson Benavides.
