La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció este 14 de octubre que al menos 22 personas resultaron heridas y cuatro fueron detenidas en la provincia de Imbabura, durante el despliegue de un operativo militar encabezado por el Ejecutivo en el contexto del paro nacional.
Entre los heridos, la organización destacó el caso de una mujer indígena en estado grave, quien habría recibido un impacto directo de bomba lacrimógena en la cabeza. Las demás víctimas presentan distintas lesiones causadas, según el reporte, por el uso excesivo de la fuerza militar contra manifestantes y civiles no involucrados en las protestas.
La Alianza sostuvo que todas las personas detenidas son víctimas del uso ilegítimo de la fuerza y que el operativo militar no siguió protocolos de control adecuados. Advirtió que los hechos constituyen una violación a los derechos de la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, quienes también enfrentan afectaciones emocionales y psicosociales tras haber sido obligadas a abandonar sus hogares por temor a nuevas agresiones.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron tras la entrada de un convoy militar en la zona, presuntamente con fines “humanitarios”. Sin embargo, la organización aseguró que no se entregó ningún tipo de ayuda y que el despliegue derivó en hostigamientos a manifestantes y pobladores. Además, señaló que la Cruz Roja no forma parte de este convoy y ha desmentido cualquier vinculación con la operación, al no cumplir con los principios de neutralidad y asistencia definidos en los convenios internacionales.
La Alianza cuestionó la falta de voluntad de diálogo del Gobierno y advirtió sobre la creciente militarización de la protesta social, a la vez que exigió el respeto a los derechos humanos, la protección de la población civil y el cese inmediato de la represión.
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