Como “una serie de ineficiencias en la administración de la justicia” calificó Ángel Orna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, a la gestión que desempeña el Consejo de la Judicatura (CJ). Ello, a propósito del dictamen de inconstitucionalidad a la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Así, Orna alertó que ya se puede dirigir una solicitud de juicio político a los vocales del CJ. “No hemos encontrado un CJ independiente, las decisiones no obedecen a planificaciones”, agregó.
En este caso, en particular, el abogado criticó que hubo vulneración al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad por parte del CJ. Sin embargo, también aclaró que la Corte Constitucional (CC) no reconoció un reglamento que elaboró el CJ fuera de la normativa. “Ellos quieren defenderse de que estaban cumpliendo un mandato constitucional del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Julio César Trujillo y de la consulta popular de febrero”, mencionó.
En esa línea, Orna recordó que la CC estableció que la destitución no tuvo el mecanismo ni la forma. Sin embargo, para el jurista, uno de los puntos a tratar debió girar en la aprobación del reglamento 010-2019 donde se crea un comité de expertos y un comité evaluador, algo fuera de la ley, pues como comunicó Orna, la condición de evaluación es indelegable y propia del CJ. “Eso determina una incapacidad para administrar la justicia en el país”, añadió.
Otras ineficiencias
Uno de los últimos escándalos en el sistema de justicia consistió en el sorteo de la causa que llevó adelante el exalcalde de Quito Jorge Yunda. Para Orna, esto demostró que existen “sorteos amañados” y es causal de censura y destitución de los vocales del CJ.
De acuerdo con el abogado, el artículo 131 de la Constitución establece que es competencia de la Asamblea Nacional el llevar a juicio político a los miembros del CJ. Esto, sobre la base del artículo 181 de la Constitución que trata sobre las funciones del CJ.
“El numeral 5 habla sobre la transparencia y ahora vemos acciones de corrupción denunciadas en su momento, como el manejo del sistema informático en el ingreso de causas en el caso del exalcalde Yunda. Ahí se determinó una sanción contra una funcionaria de ventanilla, pero no se habló de los responsables del manoseo en el sorteo de causas”, alertó el abogado. Así mismo, recordó el allanamiento a las oficinas del CJ en Guayas por este tema.
