Pablo Dávalos: “Ley de Defensa de la Dolarización es inconstitucional”

El analista económico Pablo Dávalos, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, de Majestad Radio, confirmó que presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Defensa de la Dolarización, que entró en vigencia hace pocos días, y que ha sido cuestionada por parte de algunos sectores argumentando que viola la Constitución.

“La ley es inconstitucional, porque contiene una serie de normas relacionadas con las atribuciones del Banco Central, y porque crea dos juntas que dejan de lado el rol de la Función Ejecutiva por encima del Banco Central”, dijo.

 Dávalos insistió que las reformas impulsadas por el gobierno de Lenín Moreno, y aprobadas por la Asamblea Nacional, apuntaron a la autonomía del Banco Central, pese a que la Constitución señala lo contrario: “¿Quién lleva adelante la política monetaria?, Esa es una atribución exclusiva de la Función Ejecutiva, y se la han trasladado directamente al Banco Central… De otro lado el Estado no puede generar garantías de solvencia para el sector privado”, punto sobre el que Dávalos hizo la comparación con el marco jurídico que estuvo vigente desde 1994 y que flexibilizó los controles sobre las instituciones del sistema bancario.

De otro lado, el analista económico denunció que la Ley eliminó el artículo del Código Monetario y Financiero que impedía la fuga de capitales para cuidar la dolarización y que ponía límites al endeudamiento para los bancos en el extranjero: “La nueva ley pone en riesgo la balanza de pagos”.

Además, dijo Dávalos, la normativa eliminó los techos máximos de las tasas de interés por segmentos, y le da “demasiado poder” a los bancos privados al restar atribuciones de control a la Superintendencia de Bancos, y trasladarlas a la naciente junta; la Superintendencia, según Dávalos se dedicará únicamente a ser un ente que recopile y traslade información.

Pablo Dávalos informó que la demanda ya fue aceptada a trámite, y que será sustanciada por la jueza constitucional Carla Andrade Quevedo.