La Junta de Regulación Financiera aprobó una norma que permite diferir cuotas de crédito hasta por 180 días (seis meses).
La medida se aplica desde el 31 de marzo de 2025, mediante la Resolución No. JPRF-F-2025-0145, emitida por esa Junta. El beneficio aplica a créditos vigentes y puede solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2025.
Esta normativa permite a los usuarios del sistema financiero del Ecuador diferir el pago de las cuotas de sus créditos hasta por seis meses, sin generar intereses por mora ni costos legales.
Este alivio financiero se desarrolló en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de la Ley de Mujeres Emprendedoras y busca aliviar la carga económica de los ciudadanos sin necesidad de abrir nuevas operaciones crediticias, señaló Marco Rodríguez, presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanco), citado por el diario El Comercio.
¿Cómo diferir los pagos?
La medida se aplicará a créditos vigentes, es decir, con cuotas por vencer, otorgados antes o después del 31 de marzo de 2025.
Los usuarios podrán solicitar este alivio financiero directamente en su entidad bancaria hasta el 30 de septiembre de 2025, explicó Rodríguez.
Las entidades financieras también podrán ofrecer los diferimientos de cuotas siempre que exista aceptación expresa por parte del cliente.
Condiciones
Las cuotas diferidas se trasladarán al final del calendario de pagos, y cada entidad decidirá si cobra o no los intereses generados durante el periodo de prórroga. Esta decisión debe ser informada de forma clara al cliente.
Las instituciones financieras, tanto públicas, como privadas y del sector popular y solidario, podrán aplicar este diferimiento, pero cada caso será evaluado individualmente.
Las entidades analizarán la situación de cada cliente y determinarán la viabilidad del diferimiento, priorizando la protección de los recursos de los depositantes, señaló Rodríguez.
Además, la Superintendencia de Bancos establece que todo proceso de diferimiento debe estar acompañado de una notificación formal y ajustarse a la normativa vigente.
Así, el Estado ofrece una herramienta concreta que permite a los usuarios reorganizar sus obligaciones financieras sin afectar su historial crediticio ni asumir nuevos costos.
Post relacionados
