Si los plazos y las fechas que lleva adelante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se cumplen, los legisladores esperan sesionar la segunda semana de enero de 2022 para el segundo debate del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación. Así lo informó la legisladora Gissela Garzón.
El exasambleísta Héctor Yépez enfatizó que, más allá de su opinión personal provida, el Parlamento debe cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación. Pero, también aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional establece que se requiere de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos que incluye la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestación permitido (semanas de embarazo).
La legisladora mencionó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la temporalidad máxima para la interrupción del embarazo debe ser hasta la semana 22. De acuerdo a la técnica médica, el tiempo posterior corresponde a un parto. También, resaltó que la futura ley “no obliga a abortar a nadie”, sino que busca no sancionar a quienes deciden acceder al aborto.
Opiniones divergentes
Garzón explicó que las organizaciones sociales que promueven la normativa buscan que el aborto por violación sea lo menos traumático posible para las víctimas. Para eso, el Ecuador aprobó dos medicamentos que «no le cuestan mucho al país. Son píldoras que cuestan 50 centavos de dólar cada uno», agregó.
De su lado, Yépez enfatizó que la Corte Constitucional obliga a la Asamblea, en su sentencia, a que equilibre los derechos de la mujer con los de la vida que está por nacer. Pero el proyecto de ley no indica los derechos de ese ser humano que no ha nacido. Así, analizó que los derechos humanos establecen que no debe discriminarse a ninguna persona. Por ello, defiende que la vida del ser humano fruto de la violación es tan importante como el del ser humano deseado.
Garzón reconoció que la Asamblea Nacional deberá establecer la temporalidad para la interrupción del embarazo, pero bajo los parámetros internacionales. Así mismo, enfatizó que también debe regularse la objeción de conciencia para que se garantice el derecho de las mujeres.
