El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este sábado, 7 de junio, con 84 votos a favor, el Proyecto de “Ley de Solidaridad Nacional”, propuesto por el Ejecutivo, como urgente en materia económica, para atacar la economía criminal.
Ahora, el presidente de la República tendrá 30 días para sancionar favorablemente la iniciativa u objetarla.
Durante la votación, hubo 46 votos negativos, 1 en blanco y 10 abstenciones. Tras cuatro horas de debate, los asambleístas respaldaron la propuesta que contemplan varias medidas, entre ellas, la protección para personas en situación de vulnerabilidad por zonas afectadas por el crimen, con proyectos enfocados en el arte y la cultura.
Debate en el Pleno
Al inicio de la sesión la noche de este sábado, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, pidió a los 140 legisladores y a todos los presentes guardar un minuto de silencio por los cuatro comerciantes asesinados y hallados en una cisterna en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, la mañana de este viernes, 6 de junio.
“Esta sesión será en su memoria y de los policías que cumplieron con detener a los criminales pero fueron liberados. Trabajaremos para que su trabajo no sea en vano”, apuntó.
La asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, encargada de tramitar el Proyecto de Ley, abrió el debate asegurando que «Ecuador clama seguridad y los ecuatorianos piden mano dura contra el crimen organizado».
Entre sus disposiciones clave también están los incentivos para la reconstrucción social y productiva, así como acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
Centeno explicó que la denominada «Ley de Solidaridad Nacional»:
- Incluye un capítulo en torno a las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en zonas afectadas por el crimen. Los ministerios del gabinete social deberán desarrollar programas preferenciales para las personas en esta situación.
- Propone un indulto diferido; es decir, que el presidente de la República pueda anunciar el indulto a policías y militares por sus acciones dentro del conflicto interno, pero se siga todo el proceso y se haga efectivo cuando haya una sentencia.
- Permite que las fuerzas del orden neutralicen las amenazas, en el marco del conflicto armado interno.
- Tipifica el delito de pertenencia a un GDO, con una pena de entre 22 a 26 años, con un máximo de 30 años cuando se trate de un rol de dirección o financiamiento.
- Incluye un capítulo de delitos hidrocarburíferos para endurecer penas en actos ilícitos de producción comercialización, transporte, almacenamiento, distribución de derivados de petróleo.
- Tipifica el delito de “favorecimiento al servidor público”, que consiste en la colaboración para el cometimiento de delitos hidrocarburíferos, con una pena de 11 a 13 años, ampliable en caso de que se determine pertenencia a un GDO.
- El proceso penal unificado para el juzgamiento de delitos de crimen organizado en el marco del conflicto armado será tramitado por jueces y fiscales especializados en anticorrupción y crimen organizado.
- Establece que la medida cautelar más útil y eficaz es la prisión preventiva en los casos de crimen organizado.
- Dispone la realización periódica de pruebas de confianza, polígrafo, verificación de injustificada de patrimonios y vinculaciones administrativas o penales para los miembros de la fuerza pública.
- Incluye que las donaciones para las fuerzas del orden ahora la podrán hacer empresas extranjeras.
«Nadie quiere negociaciones bajo la mesa con bandas criminales, lo que buscamos es una respuesta contundente de nuestras fuerzas del orden contra los grupos narcotraficantes, y de los operadores de justicia: jueces y fiscales», reiteró.
En el debate participaron un total de 23 legisladores, en una sesión que se extendió hasta pasadas las 23:00.
El asambleísta Steven Ordóñez (Movimiento Sur) coincidió en la necesidad del proyecto económico urgente y remarcó cómo la delincuencia organizada tiene al país en zozobra, y cómo la desarticulación de la economía criminal es el primer paso para poder devolver la paz al país.
También el legislador Sergio Peña (exRC) llamó a la unidad para apoyar el proyecto económico urgente y adelantó que «el pueblo espera coherencia de esta Asamblea Nacional». Enfatizó en la necesidad de legislar para la seguridad «por la Patria segura, Patria digna», dijo.
En tanto, el asambleísta Raúl Chávez (RETO) propuso que la Ley fuera votada por artículos en bloques y planteó la creación de una comisión multipartidista que supervise el cumplimiento de la Ley.
“No me pienso oponer tajantemente a que podamos aprobar una Ley como esta, pero es preocupante dejar ciertos vacíos que después sean objetados por la Corte Constitucional”, aseveró.
Por otro lado, el asambleísta Adrián Castro (ADN) insistió en la necesidad de depurar al sistema judicial y respaldó el proyecto económico urgente “que aporta en esta materia”, dijo.
La legisladora Noemí Cabrera (RC) reiteró que «El Ecuador vive su más grave crisis de inseguridad» y describió cómo los ciudadanos de El Oro, han tenido que abandonar sus hogares, para resguardarse de la violencia. Dijo que presentó observaciones a la Ley.
El asambleísta Cristian Benavides (Somos Carchenses) expresó que es necesario que para que exista seguridad haya un enfoque de desarrollo del país: empleo y educación para los jóvenes.
«Requerimos proyectos y programas que permitan reactivar la vida económica de las personas». Alertó que uno de los temas que le preocupa y no se analizó a tiempo es el de las donaciones.
Finalmente, el asambleísta José Luis Nango (PK), enfatizó en que la crisis de violencia exige acción. «No podemos titubear cuando la vida de los ecuatorianos está en juego. Esta Ley de Solidaridad Nacional es un paso clave para fortalecer la justicia, restablecer el orden y sembrar esperanza», concluyó.
Chango, quien cerró el debate con su intervención, minimizó las advertencias de la coordinación nacional del Pachakutik de expulsar a los asambleístas que respaldaran la Ley impulsada por el Gobierno. “Qué vayan a expulsar en sus casas”, exclamó.
La propuesta del Ejecutivo busca la implementación de regímenes especiales en el ámbito tributario y penal, como respuesta al conflicto armado interno que atraviesa el país.
Su objetivo principal es desarticular las estructuras económicas del crimen organizado y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en el marco del respeto a las garantías constitucionales, preservar la seguridad ciudadana, garantizar la estabilidad del sistema económico-financiero y promover la reactivación económica de las zonas más afectadas por la violencia.
La propuesta incluye incentivos económicos para que el sector privado contribuya al sector público mediante donaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, a cambio de beneficios como la reducción del Impuesto a la Renta.
En el ámbito penal, establece quiénes son considerados miembros de un grupo armado interno y define el concepto de economías criminales.
Además, incluye la creación de sociedades anónimas deportivas como disposición general. El objetivo es que estas sociedades formen parte de las disposiciones generales para impulsar el desarrollo de las actividades deportivas y garantizar la integridad de sus operaciones financieras.
La propuesta define a la sociedad anónima deportiva como una persona jurídica profesional, de alto rendimiento, con carácter mercantil. Su capital, dividido en acciones negociables, proviene de los aportes de los accionistas, quienes solo responden por el monto de sus acciones.
También, se permite que clubes deportivos o equipos profesionales puedan adoptar la forma de sociedades anónimas deportivas. Por otro lado, se prohíbe que estas estructuras participen, directa o indirectamente, en actividades vinculadas a economías criminales, lavado de dinero, financiamiento de delitos u otros ilícitos según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El proyecto consta de 14 artículos, tres disposiciones generales, cinco disposiciones reformatorias a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y al Código Orgánico de la Función Judicial, además de dos disposiciones transitorias.
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