La Asamblea Nacional advirtió este martes que, si el Registro Oficial publica la Ley Antipillos, negada y archivada por el Legislativo, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la acción del Ejecutivo.
“Si la ley se publica, la Asamblea Nacional va a activar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad respecto a la promulgación de esta ley, esperamos no llegar a eso esperamos y que el registro oficial sea el último rincón de salvaguardia de la democracia y haga respetar la Constitución”, dijo el secretario del parlamento, Alejandro Muñoz, en declaraciones a la prensa.
Desde la sede de la Asamblea, en Quito, Muñoz reiteró que el Legislativo activará todos los mecanismos judiciales, administrativos, constitucionales y penales porque “evidentemente el objetivo es volver al imperio de la Constitución, volver al imperio del Estado de Derecho que con este decreto ley ha sido absolutamente vulnerado”.
Muñoz calificó nuevamente como un “apagón jurídico” la decisión del Ejecutivo y la definió además como un “acto sin precedentes en la democracia”.
“Algo que es aún más grave, no solamente la promulgación de la ley por parte del presidente de la República constituye un acto inconstitucional, sino que el procedimiento y la forma para expedir este Decreto Ley también es una inconstitucionalidad dentro de la inconstitucionalidad macro al promulgar este decreto”.
De igual manera, explicó que “si la Función Ejecutiva tenía alguna duda sobre la negativa y archivo de la ley urgente en materia económica, “debió activar los mecanismos constitucionales para que, en última instancia, sea la Corte Constitucional quien aclare a la Función Ejecutiva su infundada interpretación”.
Según el Parlamento, “la Constitución no exige que los proyectos económico-urgentes sean tramitados en dos debates, antes de ser negados, deben ser aprobados o rechazados en un plazo de 30 días, como ocurrió en este caso”, aclaró la Asamblea.
Este lunes, mediante el Decreto 477, el presidente Daniel Noboa promulgó la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, y anunció que la normativa entraría en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial.
La norma crea un impuesto para la comercialización de carros usados en Ecuador.
