Patricia Borja. Foto: Internet

Patricia Borja: “La Constitución impide la privatización del Seguro Social”

La jurista Patricia Borja, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, confirmó que existe un riesgo real de colapso del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero descartó la posibilidad de una privatización del IESS: “La Constitución claramente señala que el sistema de Seguridad Social no puede ser privatizado”.

Un informe del Banco Mundial advirtió la existencia de un déficit que pone en riesgo el pago de las pensiones de los jubilados a partir del 2022.  Según ese estudio, el déficit del fondo de pensiones es de USD 2.333 millones este año, y podría llegar a los USD 2.511 millones en 2022, lo que podría provocar dificultades para que el IESS cumpla con el pago de las pensiones jubilares.

Hasta el año anterior, el fondo de pensiones tenía una reserva de USD 7.200 millones, pero no se trata de dinero líquido, sino que están invertidos en activos: Bonos de deuda interna, créditos hipotecarios y préstamos quirografarios.

Patricia Borja explicó que hay al menos 3 factores que han provocado esta grave situación: La eliminación del aporte del 40% del Estado, deficiencia normativa y medidas sin sustento técnico.  Sobre el 40%, eliminado en el año 2015, la jurista explicó que este es un factor de gran impacto debido a que el sistema de Seguridad Social en el Ecuador prevé que el 60% de cada pensión jubilar sea cubierto con los aportes de los jubilados, mientras que el 40% debe asumirlo el Estado: “desde 2015 el Estado Central no realizó transferencia alguna por el 40% y el IESS ha tenido que cubrir el 100%, lo que ha provocado un déficit de caja”.

De otro lado, Borja criticó tanto al Gobierno cuanto a la Asamblea Nacional por no haber impulsado una profunda reforma legal, acorde a la Constitución: “La ley del IESS es anterior a la Constitución de Montecristi… Fue aprobada de acuerdo a la Constitución de 1998, y declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el 2001… Actualmente hay normas que no guardan armonía con la Carta Magna Vigente, lo que refleja la ausencia de interés y voluntad política para dar una respuesta técnica a esta problemática”.