Petroecuador informó este viernes que desvinculará a 936 personas como parte de un proceso de reestructuración iniciado en junio y del plan general de eficiencia del Gobierno Nacional.
La tercera fase de la reestructuración, que inició la víspera y continuará este sábado, 9 de agosto, incluye 205 cargos de servidores públicos y 731 contratos indefinidos bajo el Código de Trabajo. Según la empresa, sus remuneraciones tienen “distorsiones significativas respecto al valor de sus puestos y funciones”.
De acuerdo con Petroecuador, la medida generará un ahorro anual superior a 31 millones de dólares y el monto se destinará a proyectos estratégicos y tecnológicos para reforzar la empresa y el sector energético, precisó un comunicado.
Sustento técnico y continuidad operativa
Petroecuador afirmó que el plan se apoya en “un análisis técnico exhaustivo, sustentado en la normativa legal vigente”. Añadió que respeta los derechos laborales y que “hemos privilegiado la protección de grupos vulnerables y dirigentes sindicales”.
Las funciones del personal saliente pasarán a otros trabajadores con perfiles y calificaciones similares, para asegurar el funcionamiento de las operaciones estratégicas.
La empresa aseguró que la reestructuración busca “alcanzar una mayor rentabilidad en beneficio del país” y mantener la eficiencia en el uso de fondos públicos.
Sindicatos rechazan despidos masivos
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) rechazaron el despido de 936 empleados anunciado la noche del 8 de agosto de 2025. La medida forma parte del plan de eficiencia estatal.
Según el Ejecutivo, esta reducción de personal “sobrevalorado” permitirá ahorrar USD 31 millones, que se destinarán a proyectos estratégicos y tecnológicos.
En un comunicado, los gremios señalaron que esta decisión “es un engaño para justificar la real intención de poner en jaque la ya crítica situación operativa de la empresa y, con ello, la producción y exportación de crudo y derivados”.
Advirtieron que el recorte afectará áreas de transporte, comercialización, perforación y geología, así como las cadenas de valor de Petroecuador.
“El desmantelamiento de la empresa pública más grande del país es un problema de soberanía energética, de recursos fiscales y de desarrollo nacional”, afirmaron, acusando a la medida de “abrir el camino para la privatización de los negocios más rentables del Estado”.
Los sindicatos denunciaron un ataque a la estabilidad, la organización y los derechos laborales. Exigieron frenar los despidos y reincorporar a los trabajadores afectados.
Post relacionados
