Los pobladores del cantón Archidona, en la provincia de Napo, se mantienen este sábado, 7 de diciembre, por quinto día consecutivo, en una jornada de protestas en rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en ese territorio.
En redes sociales circulan múltiples imágenes que muestran a los manifestantes bloqueando vías clave como Puyo-Tena-Coca-Sucumbíos, Archidona-Loreto-Coca y Baeza-Quito, utilizando palos, llantas, piedras e incluso vehículos para impedir el paso.
De acuerdo con un reporte del medio de comunicación La Posta, «la protesta tomó un giro más trágico cuando Bertha Tapuy, una de las lideresas de la causa, falleció de un paro cardíaco mientras participaba en las manifestaciones, intensificando la tensión en la zona».
La alcaldesa de Archidona, Amada Grefa, dijo que el rechazo de la comunidad se debe a la cercanía de varias escuelas al sitio donde se construirá la cárcel y al impacto que podría ocasionar en esa municipalidad que se sostiene básicamente de los ingresos del turismo.
De igual manera, la legisladora por la provincia de Napo, Sandra Rueda, alertó a través de su perfil en X que el proyecto ‘afectará la seguridad de alrededor de 4.000 menores de edad que asisten a escuelas cercanas a la zona donde se edificará la megacárcel’.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha hecho un pronunciamiento sobre el paro, mientras las clases permanecen suspendidas en esa zona, según detallan medios locales de prensa.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) abrió la pasada semana el proceso de contratación de una empresa que se encargue de la edificación del centro penitenciario y realizará la adjudicación el 9 de diciembre próximo, que tendría un costo de 51,9 millones de dólares.
La construcción de dos nuevas cárceles en Ecuador forma parte del denominado Plan Fénix, la estrategia de seguridad que presentó el presidente Noboa para combatir al crimen organizado.
Actualmente, el Gobierno Nacional levanta otra prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena (sur), con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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