El Consejo Provincial solicitó celeridad para resolver las acciones de inconstitucionalidad contra la ley impulsada por el Ejecutivo. El concejal Adrián Ibarra denunció que la normativa mermará las facultades de planificación y ordenamiento territorial.
Frente judicial contra la reforma
La Prefectura de Pichincha exhortó formalmente a la Corte Constitucional a pronunciarse con urgencia sobre las reformas al Cootad. El organismo provincial busca que el máximo tribunal admita las medidas cautelares presentadas contra esta normativa nacional.
La resolución, aprobada por unanimidad en la sesión N.º 42, responde a la preocupación por la estructura financiera de los gobiernos locales. Actualmente, la reforma impulsada por el oficialismo acumula más de 20 demandas de inconstitucionalidad en su contra.
Denuncia de Adrián Ibarra sobre autonomía
El concejal Adrián Ibarra, delegado del Municipio de Quito ante la Cámara provincial, señaló que la ley sobrepasa las facultades de los gobiernos locales (GAD). Según Ibarra, la propuesta busca mermar las competencias de planificación y ordenamiento territorial.
El edil denunció que la reforma recarga trámites innecesarios y reduce competencias locales, lo que afectaría directamente la planificación urbana de las ciudades. Por ello, piden a los magistrados actuar bajo el principio de supremacía constitucional.
Ajustes financieros y riesgo de sanciones
Uno de los puntos críticos es la reclasificación de gastos de inversión como gasto corriente. Esta modificación someterá a los municipios y prefecturas a evaluaciones trimestrales obligatorias a partir de junio de 2026.
El incumplimiento de estos nuevos parámetros financieros será reportado directamente a la Contraloría General del Estado. Esto podría derivar en sanciones administrativas y en la reducción de recursos del Modelo de Equidad Territorial.
Reconfiguración institucional en Pichincha
Ante este escenario, la Prefectura inició un análisis administrativo y jurídico para adaptar su estructura a las exigencias del Gobierno. Buscan cumplir la norma sin descuidar la atención a trabajadores y sectores vulnerables de la provincia.
La entidad provincial enfatiza que estos ajustes presupuestarios comprometen la sostenibilidad de servicios básicos. La resolución de la Corte Constitucional será determinante para el futuro de la descentralización en el Ecuador.
Post relacionados
