Una acción de protección con pedido de medidas cautelares fue presentada en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de su presidente, Andrés Fantoni, por la conformación de la comisión ciudadana de selección encargada de llevar adelante el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado.
El recurso constitucional fue ingresado el 18 de enero de 2026 por el abogado Joselito Argüello, quien cuestiona la legalidad del proceso mediante el cual se integró la comisión. La acción fue presentada en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil y, tras el sorteo correspondiente, recayó en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Guayaquil, a cargo de la jueza Ofelia Crespo Zamora.
Según el accionante, en la designación de los comisionados se habrían configurado presuntos actos de corrupción que vulneran garantías y derechos constitucionales. Argüello sostiene que la comisión debía estar integrada por juristas y especialistas con trayectoria y probidad comprobada, y que varios perfiles idóneos habrían sido excluidos de forma ilegítima e inconstitucional, ante la falta de control del organismo responsable.
La comisión ciudadana de selección fue conformada el 14 de enero, tras un sorteo público, y está integrada por diez miembros: ocho abogados, una psicóloga industrial y un comunicador social. Cinco de ellos provienen de postulaciones ciudadanas y los otros cinco corresponden a delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Este organismo tendrá a su cargo el concurso público de méritos, oposición e impugnación del que saldrá el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, entidad que actualmente se encuentra dirigida de manera subrogante por Leonardo Alarcón.
Tras la conformación de la comisión, una comisión cívica de seguimiento al concurso de fiscal alertó públicamente que varios de los postulantes ciudadanos no habrían cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en el reglamento. De igual forma, señaló que la mayoría de los delegados designados por las funciones del Estado tampoco cumplirían los parámetros mínimos exigidos.
Pese a los cuestionamientos, los comisionados ya fueron posesionados y deberán ejecutar las fases del proceso, que incluyen convocatoria y postulación, admisibilidad, evaluación de méritos, escrutinio público, impugnación y oposición, etapas tras las cuales se definirá quién ocupará la Fiscalía General del Estado.
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